La justicia allanó hoy la casa del dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, uno de los denunciantes en la causa por la quinta de Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares y sospechada de pertenecer en las sombras a altos dirigentes de Asociación del Fútbol Argentino(AFA).

El operativo fue autorizado por el juez de San Isidro, Walter Federico Saettone, a pedido del fiscal German Camafreitas, quien investiga a Yofe en una causa por “presunto robo o hurto”. Las autoridades judiciales ordenaron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.

El dirigente de la CC, uno de los impulsores de la investigación por la fastuosa mansión de Pilar, que se sospecha que pertenecería a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, se encontraba en Mar del Plata, junto con dos de sus tres hijos, cuando efectivos de la Policía Bonaerense se presentaron en su domicilio en Buenos Aires para allanar la vivienda. Según relataron desde la fuerza de Carrió, el operativo se realizó de forma “violenta y brutal”. La esposa de Yofe estaba en el hogar junto con una beba de apenas cuatro meses.

Cerca de la diputada advierten que el procedimiento “incluyó un trato inadmisible” hacia la esposa del dirigente. “No mostraron la orden de allanamiento y amenazaron a la esposa de Matías con arrestarla y sacarle a la nena”, dijeron a LA NACION desde la CC.

De inmediato, Carrió se trasladó hasta la vivienda de Yofe para asistir a la mujer. “Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este”, denunció la exdiputada y co-fundadora de Cambiemos.

Desde la CC sospechan que los investigadores fueron a buscar “dispositivos de almacenamiento de datos”.

“Cuando se avanza contra negocios oscuros, siempre aparecen estas maniobras de amedrentamiento”, expresó la CC a través de un comunicado.

Yofe también había impulsado denuncias por “graves irregularidades” vinculadas a las VTV en la provincia de Buenos Aires.

Cerca de Carrió califican el operativo como “cuasi mafioso y desproporcionado”. “Evidentemente, la mafia está preocupada y echa mano de sus peones en la Justicia. Hagan lo que hagan vamos a seguir adelante”, remarcó Hernán Reyes, uno de los referentes porteños del partido de Carrió.

El caso por la quinta de Pilar está en manos del juez Marcelo Aguinsky, especializado en delitos económicos.

Este caso primero lo gestionó el juez federal Daniel Rafecas, que puso una consigna policial para que no vaciaran la quinta y mandó a peritarla para conocer su valuación.

Aguinsky se había quedado con la causa por decisión de la Cámara Federal.

Los investigados como testaferros de Toviggino, dueño de la sociedad Real Central SRL -que aparece como dueña de la quinta cuestionaron la intervención del juez-, Luciano Pantano y Ana Conte, su madre, plantearon que Aguinsky no era competente para intervenir sino que debía investigarlos Adrián González Charvay, juez federal de Campana, porque la quinta está en jurisdicción del tribunal.

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