Sucedió en las instalaciones del “Museo Paladar Rojo”, situado a metros del estadio del Club Atlético Independiente, en Avellaneda. Rodrigo E. estuvo retenido allí contra su voluntad y fue obligado a desnudarse. Una vez que estuvo en calzoncillos, lo hicieron arrodillarse para filmarlo y sacarle fotos; con esa imagen se hizo un sticker de WhatsApp. La humillación y sometimiento fue tal que la víctima les dijo a quienes lo tenían cautivo que quería matarse.

La víctima tenía una “deuda”. Pero sus acreedores no eran prestamistas: eran integrantes de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes y Rodrigo E. debía dinero de la venta de drogas.

Así surge de la resolución firmada por el juez penal económico Gustavo Meirovich y el secretario Damián Mazzucco con la que se procesó con prisión preventiva a Pablo Álvarez, alias Bebote, el exlíder de la barra brava de Independiente y dueño de la propiedad donde funciona Paladar Rojo.

Hasta su detención, concretada por detectives de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) en agosto pasado, Bebote Álvarez gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria en una causa a cargo del fiscal de Avellaneda Mariano Zitto por “intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad”. Ahora está alojado en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz.

La organización narco que, para la Justicia, integraba el exlíder de la barra del Rojo “se dedicaba al tráfico de estupefacientes a gran escala, teniendo como principales objetivos la importación de MDMA/éxtasis desde el continente europeo y de cocaína desde Bolivia para su posterior distribución y comercialización, junto a otros tipos de estupefacientes (tales como el tusi, ketamina, marihuana y popper), en el territorio nacional; a la par de ello, la organización diseñó y ejecutó un complejo circuito económico para legitimar los activos generados y financiar sus ilícitos”, detalló el juez Meirovich en la resolución donde procesó a Bebote Álvarez y otro sospechoso.

La causa que llevó a prisión una vez más al barrabrava es el desprendimiento de un expediente que comenzó el 21 de febrero pasado, cuando se secuestraron 11.255 gramos de éxtasis en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Tras el decomiso de la droga comenzó una investigación en el Juzgado Penal Económico N° 2, que en ese momento estaba a cargo del juez Pablo Yadarola (que a principios de este mes asumió en la Cámara Federal porteña) y que ahora es subrogado por Meirovich. En el caso interviene el fiscal Emilio Guerberoff y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es querellante.

Bebote Álvarez fue procesado con prisión preventiva

Los estupefacientes fueron secuestrados en el equipaje de un pasajero que había aterrizado en un vuelo de la línea aérea Level proveniente de Barcelona. El teléfono celular del imputado fue clave para llegar a los eslabones superiores de la organización criminal, entre ellos, Bebote.

Durante la investigación, los detectives policiales y judiciales determinaron que cuatro integrantes de la banda viajaron a Bolivia para “coordinar la importación de cocaína para su posterior comercialización” en la Argentina. Otro grupo se encargaba del contrabando de éxtasis desde Europa.

Un tercer grupo tenía como “tarea canalizar el dinero ilícito, utilizándolo para fondear a los demás miembros de la cúpula y darle apariencia de licitud a las ganancias del narcotráfico”.

Si bien Bebote Álvarez cumplía el arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica en un inmueble situado en el partido bonaerense de Moreno, “tendría capacidad de decisión sobre el inmueble identificado como Museo , realizando indicaciones respecto de su utilización, acceso y funcionamiento”, según consta en el expediente judicial.

Dicho inmueble era alquilado a los encargados de “canalizar las ganancias” del narcotráfico para darle apariencia legal al negocio.

En la resolución firmada por el juez Meirovich se afirmó que Bebote Álvarez “estaría involucrado en las gestiones de cobranza dentro de la organización”.

Además, según se explicó, tenía “conocimiento pleno de los actos de privación ilegítima de la libertad ejecutados dentro de su predio comercial”, en clara referencia a las vejaciones sufridas por Rodrigo E., quien fue procesado por tráfico de estupefacientes anteriormente.

Además de la de Bebote, el juez Meirovich dictó la prisión preventiva de Raúl Manzone, apodado Bruja.

“Las pruebas reunidas indican con claridad que las interacciones de Álvarez y Manzone con la estructura delictiva no constituyeron hechos aislados, relaciones coyunturales ni supuestos de mera codelincuencia eventual. Por el contrario, la habitualidad de sus comunicaciones encriptadas, la utilización del local de Álvarez (el Museo) como base de las actividades ilícitas de esta facción de la banda, la constante exigencia de rendición de cuentas y la ejecución sistemática de directivas violentas impartidas en sus nombres evidencian un pacto criminal estructurado y sostenido en el tiempo”, afirmó el magistrado en su fallo.

Y explicó: “Así las cosas, ha quedado debidamente acreditado que ambos encartados se encontraban plenamente insertos en el entramado de la asociación, compartiendo de manera habitual y permanente el affectio societatis ilícito para el desarrollo de la empresa criminal”.

Roles

A lo largo de la resolución de 109 páginas, el juez Meirovich explicó cuáles eran los roles de Bebote y de la Bruja: “Álvarez operaría como un factor de intimidación, utilizando su figura para garantizar la disciplina interna y cobrar deudas del narcotráfico, e intervendría en la logística vinculada al abastecimiento de cocaína desde Bolivia. Por su parte, Manzone actuaría como adquirente de material estupefaciente con el objetivo de comercializarlo”.

Para Meirovich, a partir de las pruebas reunidas durante la investigación, “se habría implementado una estructura compleja que involucró el uso de considerables recursos económicos y logísticos, testaferros, medios de comunicación de muy difícil interceptación y decodificación, una gran cantidad de drogas ilegales y los instrumentos necesarios para su distribución y preparación; en el marco de su operatoria, la organización habría apelado al empleo de amenazas, coacciones y conductas intimidatorias para perseguir el cobro derivado de la comercialización de sustancias prohibidas”.

Rodrigo E. no fue la única víctima de las vejaciones que ejercía la gavilla. En el fallo, el magistrado hizo referencia a que integrantes de la banda “privaron ilegítimamente de la libertad, golpearon, humillaron y extorsionaron a miembros de su propia organización”.

“Todo esto es un engaño”

En una primera oportunidad, cuando fue indagado, Bebote Álvarez afirmó: “Soy inocente, todo esto es un engaño de estos personajes que están presos”; se refería a los sospechosos procesados en primera instancia.

Admitió que tiene un “museo de camisetas donde funciona una hamburguesería y parrilla” en la calle Ricardo Bochini al 700, pero que desde 2022 lo alquila a una empresa llamada Mexpo y que desde octubre pasado no le pagan. Y que en la actualidad sus únicos ingresos son por el alquiler de una propiedad en la calle Cabrera, en Palermo, y el alquiler de una antena 4G en el citado museo a una firma que les da servicios a dos compañías de telefonía móvil.

“Quiero dejar claro que no tengo nada que ver con esta organización de drogas y que tomé conocimiento de que algo extraño estaba pasando en mi museo”, dijo.

También explicó que Rodrigo E., la víctima de las torturas en el museo, fue a visitarlo a la casa donde cumplía arresto domiciliario y que después de ver las fotos que le había mostrado se comunicó con una de las personas que le alquilaban el local para recriminarle lo que estaba sucediendo en su propiedad.

Después amplió su declaración indagatoria y sostuvo: “Repito que están usando mi nombre para encubrir a los verdaderos organizadores de todo esto”.

Para el magistrado hay pruebas suficientes de la participación de Álvarez en la empresa criminal. Por eso, además de procesarlo con prisión preventiva le trabó un embargo de 800 millones de pesos.