Entre las cuentas pendientes que arrastra la macroeconomía argentina en lo que va del siglo XXI, hay una que comenzó a saldarse parcialmente en los últimos dos años y medio: dos emblemáticas empresas estatales lograron dejar atrás sus crónicos déficits operativos y financieros, que durante décadas tuvieron fuerte impacto negativo en las cuentas del Tesoro nacional y catapultaron la inflación a través de la emisión de pesos sin respaldo.

Las protagonistas más recientes son Aerolíneas Argentinas (AA) y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), esta última en proceso avanzado de privatización, detrás de los pasos de MetroGas, que en 2025 obtuvo un resultado integral positivo de casi $132.500 millones por recomposición tarifaria, que le permitió a YPF poner en venta su mayoría accionaria de 70% y aceptar la oferta de US$780 millones por parte de Edenor, pendiente ahora de la extensión por 20 años de la licencia de la distribuidora.

La reversión de los déficits muestra un cambio de época en varios sentidos. En el pasado, y salvo la breve excepción de 2016/2018, las empresas públicas de servicios debieron manejarse con “tarifas políticas” subsidiadas indiscriminadamente y muchas veces irrisorias, que no cubrían los costos de operación, mantenimiento, ni mucho menos inversión. Así pasaron a ser crónicas demandantes de transferencias del Tesoro y agravaron el déficit fiscal.

No sólo eso. Este fenómeno, extendido durante toda la era K, incluyó el sobredimensionamiento de estructuras de personal y designaciones políticas en cargos directivos con un manejo de “caja” más discrecional que profesional en gastos y contratos. También una implícita permisividad frente a paros sindicales sorpresivos o extorsivos, incompatible con las necesidades de los usuarios. Otra evidencia del cambio de época fue la reducción de la conflictividad gremial en el transporte aéreo en el último año y medio.

El punto de inflexión, producido a fin de 2023 con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, hizo que el gasto público en subsidios comenzara a ser recortado a través de fuertes ajustes tarifarios, que llegaron a niveles de hasta tres dígitos para contrarrestar el fenomenal atraso acumulado desde 2019, aunque no en todos los servicios. También se redujeron planteles de personal con retiros voluntarios. No obstante, empresas como Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Correo Argentino aún mantienen números en rojo.

La compañía aérea protagonizó en los últimos dos años una de las transformaciones más sorprendentes en materia de resultados financieros y eficiencia operativa. Sobre todo, si se considera el “prontuario” de su privatización en 1990 (a cargo de Iberia y luego del Grupo Marsans); su reestatización en 2008, juicios pendientes en tribunales internacionales y crónicos déficits cubiertos por el Tesoro.

Su presidente desde fin de 2023, Fabián Lombardo, explica a LA NACION, que “la consigna fue desde el primer momento que la compañía tenía que soportar su operación con los recursos que generara y sin ayuda del Estado”.

Los datos numéricos confirman que ese objetivo fue cumplido con creces. En 2025 AA alcanzó un resultado operativo positivo de US$120,7 millones, más del doble que los 56,6 millones registrados en 2024. La deuda financiera fue reducida de US$356,8 millones al cierre de 2023, a casi 290 millones en 2024 y a US$ 170,5 millones en 2025, con una baja acumulada de 52% respecto de 2023.

Paralelamente, las transferencias del Estado nacional, que habían alcanzado un pico de US$905 millones en 2012, cayeron en 2024 a $58.732 millones devengados y destinados principalmente a financiar el plan de reducción de personal. El propio balance de la compañía aérea aclaró entonces que no había nuevos fondos recibidos ni pendientes. En 2025 la cifra bajó a cero: fue el primer ejercicio desde la reestatización sin que la compañía recibiera transferencias del Tesoro.

Para comparar estas cifras con el pasado, puede señalarse que las mayores pérdidas registradas por AA fueron en 2011, con US$752 millones; 2012, con 727 millones, y 2015, con US$712 millones. En 2023, los estados contables auditados habían registrado una pérdida antes de intereses e impuestos de US$390 millones.

En cuanto al personal, la dotación fue reducida de 11.925 empleados a fin de 2023 a 9925 en la actualidad, mediante programas de retiros gratificados y pre-jubilables. Además, en la estructura jerárquica fueron eliminadas 8 direcciones, una subdirección, 20 gerencias y 57 niveles de jefatura.

A nivel operativo, en 2026 la flota alcanza 81 aeronaves, 30 de las cuales son propias, y se introdujeron cambios en la red de rutas aéreas como parte de una estrategia comercial orientada a adecuar la oferta donde existe demanda. Por ejemplo, fueron incorporados nuevos destinos como Cabo Frío, Aruba y Curazao. Además, se alcanzaron acuerdos con gobiernos provinciales y municipales para sostener rutas a Río Cuarto y Viedma, entre otras, a través del plan “Conectividad Sostenible”, con esquemas de riesgo compartido, en los que se garantiza un pago de ocupación mínima.

AA, que integra la alianza SkyTeam conformada por 18 líneas aéreas, también firmó acuerdos de código compartido con Gol (Brasil), Ita Airways (Italia), El Al (Israel) y Avianca (Colombia). Desde 2025 mantiene otro similar con el grupo LATAM y sumó un acuerdo interlineal con Iberia para ampliar posibilidades de conexión entre la red doméstica argentina y la red española de ambas compañías. Más recientemente, tras el colapso de la low cost Flybondi, el mercado doméstico se redistribuyó entre Aerolíneas y JetSmart, con una cuota similar cada una de lo que dejó de operar dicha compañía.

En cuanto al futuro inmediato, el presidente de Aerolíneas señala que el precio del petróleo es hoy la principal preocupación de toda la industria a nivel global y la compañía no es ajena a esa realidad. “El trabajo que hicimos es lo que hoy nos permite afrontar esta tormenta con seguridad”, concluye.

También en dos años, la empresa estatal que atiende la provisión de agua y servicios cloacales en la CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense pasó de un déficit operativo estructural, fuerte dependencia de transferencias del Tesoro, endeudamiento y una dotación que había crecido 90% entre 2006 y 2023, a la reducción y recomposición de su estructura, cancelación de deuda privada y resultado operativo positivo.

El punto de inflexión se produjo en 2024, con un resultado operativo positivo de US$114 millones, por primera vez tras 17 años consecutivos en terreno negativo, y que en 2025 trepó a US$310 millones.

A su vez, las transferencias del Tesoro para gastos operativos, que habían ascendido a US$293 millones en 2023, cayeron a US$157 millones en 2024 y a cero en 2025.

En comparación con el pasado reciente, las diferencias resultan abismales. AySA había registrado en 2013 un déficit operativo de US$440 millones que, si bien descendió a US$163 millones en 2016, a 135 millones en 2017 y a 101 millones en 2018, volvió a escalar hasta US$160 millones en 2019 y a nada menos que 488 millones en 2022, el peor registro de toda la serie. En 2023, el resultado ajustado antes de intereses, impuestos y amortizaciones (Ebitda) fue negativo en US$378 millones.

El stock total de deuda privada en dólares registró además una fuerte reducción de 84% entre 2023 y 2025, hasta llegar a cero en mayo de 2026, cuando fue cancelada a su vencimiento una ON internacional de US$309,8 millones. Desde ese mes quedó concentrada en dos instrumentos en pesos: un fideicomiso financiero (AySA II) por $30.000 millones, con $17.500 millones pendientes, y otro privado por $43.000 millones, con $43.000 aún pendiente.

En cuanto a la dotación de personal, que en 2006 (cuando la empresa fue reestatizada) era de 4050 empleados y llegó a 7708 en 2023, se implementó un programa de retiros voluntarios con el cual se redujo a 6100 en 2025.

Al cabo de este proceso de saneamiento, AySA está próxima a transferir el 90% de su paquete accionario (ya que el 10% restante pertenece por propiedad participada a los trabajadores del sindicato, liderado desde hace 41 años por José Luis Lingieri, y que participa de las decisiones del directorio) a uno de los dos consorcios privados locales (Aldo Roggio y Mauricio Filiberti), que la semana última presentaron ofertas en la primera etapa de la licitación.

El presidente de la empresa, Alejo Maxit, destaca ahora que “privatizar AySA no significa que el Estado se desentienda del servicio. Significa cambiar su rol: dejar de administrar y financiar una empresa para concentrarse en regular, controlar y exigir resultados. El objetivo es que sea una empresa sostenible, capaz de atraer inversiones y brindar un servicio de calidad sin depender de manera permanente de los recursos de todos los argentinos”.