La oposición en Diputados solicitó una sesión para el próximo miércoles, a las 10, con la mira en investigar el grado de involucramiento de Javier Milei y su entorno en el caso $LIBRA. La movida la empujaron los radicales de Democracia -referenciados con Facundo Manes y el senador Martín Lousteau-, parte de Encuentro Federal y Álvaro González (Pro), en un armado quirúrgico que dejó afuera a Unión por la Patria (UP). Fue una jugada calculada: saben que el kirchnerismo espanta votos clave para abrir el recinto, pero confían en que, cuando llegue la hora, se sentarán en sus bancas.

Si logran el quorum, el golpe para el oficialismo no será letal, pero marcará un primer paso para poner en aprietos a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, en manos del libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato. La presión busca obligarlos a abrir el debate en comisión, con dos caminos posibles: interpelar a funcionarios del Ejecutivo o crear una comisión investigadora.

El pedido para sesionar contiene otro mensaje velado: incluyeron un proyecto de Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque UCR, quien presenta dudas sobre qué grado de oposición ejercer frente al Gobierno. Lo empujan a definir si su bancada se partirá entre quienes exigen esclarecer el criptogate y aquellos que, en nombre de la gobernabilidad, evitan confrontar con la Casa Rosada. En ese lote, el costo político de subirse a la avanzada opositora pesa más que la indignación pública. Aun así, en el radicalismo descuentan que al menos cuatro de sus 20 diputados se sentarán a dar quorum.

Se sumarán los seis diputados de la Coalición Cívica que rogaron por una estrategia ordenada. Pretenden dar un debate serio y evitar el giterío político. Lo mismo harán alrededor de ocho referentes de Encuentro Federal que apuestan a la racionalidad. Se inclinan por la interpelación o a la creación de una comisión investigadora, dos iniciativas que no solo tienen más chances de prosperar, sino que se despojan de los señalamientos por “destituyentes” que podrían reunir con la motorización del juicio político.

En Unión por la Patria hay bronca por haber quedado afuera del armado. Desde su mesa chica acusan a los impulsores de “buscar un título” más que los números para sesionar. Sin embargo, reconocen que, llegado el momento, acompañarán el debate. La diputada Paula Penacca tiene la misión de contar cuántos de los 98 miembros del bloque estarán en sus bancas.

La izquierda, en cambio, no dudó en sumarse. Con cinco diputados, empujan su propio proyecto para interpelar a Milei en el recinto y exigirle explicaciones públicas. “Que le hable a la gente y dé la cara por esta estafa”, desafía un referente del bloque.

Si la sesión se abre, el caso $LIBRA volverá al centro de la agenda y el oficialismo sumará otra crisis. Hay varios proyectos en danza. Los más agresivos, promovidos por el socialismo y Unión por la Patria, buscan el juicio político al Presidente, pero fueron excluidos del temario. Otros apuntan a la interpelación de funcionarios clave, con matices sobre a quiénes sentar en el banquillo y bajo qué términos. La tercera vía, empujada por los radicales de Democracia, apuesta por una comisión investigadora con poder para citar testigos, pedir informes y, eventualmente, escalar la ofensiva.

Pero la posibilidad de arrinconar a Milei choca con dos barreras. La primera es el desinterés de los gobernadores, que evitan pelearse con la Casa Rosada por un tema sin impacto directo en sus provincias. La otra, más sutil, es la expectativa de parte del Pro y la UCR de un entendimiento electoral con los libertarios. No sería la primera vez que le brinden auxilio parlamentario: ya lo hicieron cuando la oposición estuvo a un paso de restringirle el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU). También salieron en su auxilio para blindar los vetos a la leyes de reforma jubilatoria y financiamiento universitario. De allí surgieron los “héroes” del gobierno que podrían volver a ponerse la capa.