El fuero Civil y Comercial Federal va camino a convertirse, en los hechos, en un fuero de la Salud. Según estadísticas del Consejo de la Magistratura, el 66% de las causas iniciadas allí durante el primer semestre del año son amparos de salud. Es decir que casi siete de cada diez expedientes son reclamos urgentes de pacientes contra prepagas u obras sociales.

Fuentes del fuero aseguran incluso que para agosto de este año el porcentaje ya trepaba al 70%, lo que representa un fuerte incremento respecto a 2025, cuando los amparos de salud se ubicaban en torno al 45%.

“Es a lo que nos dedicamos ahora, a despachar salud”, asegura un funcionario judicial que mira con preocupación el aumento de casos.

Los datos consolidados por el Consejo indican que hasta el 30 de junio se habían iniciado en el fuero 7523 causas y que 4990 correspondían exclusivamente a este rubro. Muy detrás quedaron las materias que históricamente ocuparon al fuero, como el derecho marítimo, la propiedad intelectual, el transporte y otros conflictos comerciales.

El grueso de las presentaciones corresponde a problemas de afiliación: son trabajadores que, tras su jubilación, procuran evitar el pase a PAMI y buscan mantener su cobertura, con el mismo plan y cartilla.

No representan, en principio, grandes desafíos jurídicos. Fuentes judiciales señalan que la Corte Suprema (en los casos Albónico y Andrada) dejó en claro que el traspaso forzoso a PAMI es ilegítimo.

Pero muchas otras presentaciones corresponden a pacientes que golpean de urgencia la puerta de los tribunales y obligan a jueces a resolver pedidos de tratamientos puntuales, medicamentos costosos o el mantenimiento de algún enfermero o cuidador.

El fenómeno presiona sobre una estructura integrada por 11 juzgados y tres salas de Cámara. LA NACION tomó el último día hábil como botón de muestra para medir la capacidad de respuesta de la Justicia. De las 42 resoluciones despachadas este viernes 18 de septiembre en el fuero, 28 trataban sobre amparos de salud. Es decir, el 66%.

Más allá de algún matiz, todas las decisiones de la Justicia fueron favorables a los pacientes.

“La judicialización es la punta del iceberg, el síntoma. Pero el problema es otro. La judicialización funciona como un termómetro de las tensiones estructurales del sistema sanitario”, advierte la directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, Marisa Aizenberg.

La especialista tiene una mirada crítica sobre la respuesta que ofrecen las empresas del sector a los reclamos de pacientes que luego recurren a la Justicia. La planteó este sábado durante el encuentro metropolitano de Salud Pública en la facultad de Ciencias Médicas de la UBA y, luego, en diálogo con LA NACION.

Al mismo tiempo, sostiene que el sistema se encuentra “absolutamente fragmentado” y que resulta difícil establecer reglas generales para 24 jurisdicciones, en las que conviven financiadores y prestadores sometidos a regulaciones diferentes.

Del otro lado, las prepagas ponen el foco en la siempre continua expansión del paquete de prestaciones mínimas y en la ausencia de reglas claras que establezcan un tope en la cobertura.

“Salen cautelares de todo tipo, todo lo que aparezca como un pedido por parte de un usuario se transforma en una realidad”, se queja un importante actor de ese ecosistema. “Incluso la cobertura geriátrica. Todo eso produce un desfinanciamiento del sistema, que deriva en una peor atención”, agrega la misma voz.

En esa línea, en una columna publicada en LA NACION, el director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) “Norberto Quirno”, Hugo Magonza, señaló que, cuando no existen reglas explícitas, la asignación de recursos termina desplazándose hacia la judicialización. Y marcó que el sistema está atravesado por “una verdad incómoda”: la imposibilidad de financiar “todo para todos, todo el tiempo y con la máxima calidad”.

A ese argumento se suma el impacto de la caída del trabajo registrado. Menos empleo formal se traduce, invariablemente, en una reducción del padrón de afiliados. Y si bien con ello también disminuyen las obligaciones de cobertura, el proceso va acompañado de un fuerte aumento de los costos, impulsado por los avances tecnológicos y la aparición de medicamentos de alto precio, que desafían cualquier previsión presupuestaria, advierten en el sector.

La especialista en derecho y salud Aizenberg reconoce que los números de las prestaciones están ajustados y que falta un criterio definido respecto de dónde establecer el límite de las coberturas. “Ese criterio, sin embargo, no puede ser estrictamente financiero porque todas las enfermedades de alto costo se quedarían afuera”, advierte.

“Es cierto que la queja está motivada. Creo que la cuota no les alcanza, en algunos casos. Entonces sentémonos a dialogar, a hacer un plan a 10 o 20 años”, señala. El diagnóstico compartido es que, en materia de salud, no se entra en el fondo del asunto.

El Gobierno detectó el problema y ensayó una respuesta con un programa que cumplió su primer año a principios de este mes: Promesa (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) es una instancia optativa que busca evitar que el contrapunto entre el paciente y la financiadora escale a los tribunales.

Según datos oficiales, el programa cuenta con casi 2000 mediadores capacitados especialmente y, durante su primer año, alcanzó acuerdos en el 44,9% de los casos, con un promedio de resolución de 17 días.

Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud ponen como ejemplo el caso de una mujer que reclamaba una internación cuyo costo rondaba los $6 millones mensuales. En la segunda audiencia de mediación, las partes acordaron reemplazar esa prestación por un acompañante, con un costo de alrededor de $2 millones mensuales.

Sin embargo, los números del Consejo señalan que el mecanismo todavía no logró contener la avanzada de expedientes en el fuero Civil y Comercial, según acreditan las estadísticas del Consejo. “Está bien encaminado, hay que darle tiempo”, apuntan en la Justicia.

Fuentes del fuero aseguran que la crecida responde también al auge de las redes sociales. Allí, la posibilidad de litigar ante los incumplimientos ganó mucha publicidad, con abogados cada vez más especializados. También señalan que la estrategia de las empresas del rubro no es obtener fallos favorables en la Justicia, sino que un porcentaje de casos no alcancen la judicialización.