Se acercan las elecciones que definirán la composición del Congreso para los próximos años. Y si bien ese es obviamente su propósito, las llamadas elecciones de medio término suelen también tomarse como un plebiscito sobre la gestión del partido gobernante. Si de ello se tratara, quizás sea el momento de llamar la atención sobre las metas que ninguna administración debería descuidar si aspiramos a salir de las distintas crisis, tanto económicas como institucionales, que han postergado nuestro desarrollo como nación durante tantos años. Mantener el control de la inflación –mérito indiscutido de la actual administración– es sin dudas una, por lo que es prioritario apoyar medidas que eviten regresar a los tiempos de los “planes platita” o la concesión de jubilaciones sin aportes, para mencionar solo los ejemplos más significativos. Pero es claro que, dentro del modelo de República que nos rige (según el primer artículo de la Constitución que los funcionarios juran observar), se encuentran otras metas que no deben descuidarse si queremos afianzar ese modelo.

Elegir representantes que sostengan a rajatabla la libertad de prensa, alzando su voz contra las demasías de los gobernantes sin convertirse en espectadores –o lo que es peor, aplaudidores de esas mismas demasías–, es claramente otra meta fundamental. Antecedentes para preocuparnos existen. Recuérdese la denuncia del Presidente al periodista Carlos Pagni por el delito de calumnias, quien alegó que se lo había comparado con Hitler. La supuesta calumnia no se originó en difundir maliciosamente un hecho conocidamente falso o hacerlo con desprecio de esa posible falsedad, único estándar aceptado por incontables fallos de la Corte Suprema para aceptar acciones judiciales de funcionarios públicos en contra de periodistas. En una columna televisiva, Pagni había citado la opinión de un autor sobre las condiciones existentes al momento en que Hitler llegó al poder. La tesis de ese autor hacía fincar en la incomunicación y en la errónea percepción de los líderes políticos de entonces sobre el comportamiento de los restantes líderes una posible razón de esa elección. Luego Pagni explicó que el mundo en general, al igual que nuestro país, estaba dominado por problemas de incomunicación, y fue recién entonces cuando hizo referencia a las disculpas que Milei debió pedir por haber insultado al Papa. En suma, esa columna de opinión, sobre temas políticos, giraba en torno a los riesgos de la incomunicación. Jamás constituyó, ni hay tampoco fundamentos para así interpretarla, una aseveración de hechos falsos que justifiquen la promoción de una acción judicial contra un periodista por parte de un funcionario. Menos aún de una acción de naturaleza penal, cuando lo transmitido por el periodista resultaba de interés público.

Otro ejemplo preocupante y también en el marco de otra denuncia penal, fue el pedido de la titular de la cartera de Seguridad de que se allanaran los domicilios particulares de periodistas acusados de difundir conversaciones o escuchas atribuidas a la hermana del Presidente. Aquí resulta necesaria la siguiente aclaración. No es que el domicilio de un periodista no sea allanable nunca, si a un juez se le presentan hechos muy claros de que en ese lugar existen elementos demostrativos de la existencia de un delito y, al mismo tiempo, ese allanamiento no resultará en una violación al secreto de las fuentes periodísticas que la Constitución expresamente protege. Estamos además, tanto en lo que hace a las denuncias contra periodistas promovidas por funcionarios de muy alto rango como a las medidas de investigación que eventualmente reclamen, en presencia de un terreno muy patinoso si genuinamente creemos en las ventajas de dotar al periodismo de las herramientas necesarias para que pueda servir de control a los actos de gobierno.

La composición del próximo Senado, por otro lado, resultará de gran importancia en vista de la gran cantidad de cargos judiciales hoy vacantes y para cuya designación se requiere de una mayoría en ese cuerpo que preste el correspondiente acuerdo. Y aquí resulta criticable que esas vacantes hayan perdurado e incluso aumentado en los últimos tiempos, tal como lo hizo notar el presidente del Colegio Público de Abogados en un reciente discurso. Pero con independencia de las etapas previas que deben cumplirse, que requieren de la sustanciación de concursos en el Consejo de la Magistratura y la propuesta del Poder Ejecutivo, contar en el Senado con representantes dignos y con una noción clara de la trascendencia institucional que significa la designación de un juez ayudará a sentar las bases de un país duradero y atractivo para inversores, más allá de los negocios coyunturales. Es por eso que es un gran error pensar en la estabilidad y prosperidad de una nación con un foco limitado a los factores económicos, así como también lo es centrar la elección de un juez con la mira puesta en esa exclusiva variable.

El buen juez sabrá no abusar de su jurisdicción y se abstendrá de obstruir medidas de acción de gobierno que no resulten claramente inconstitucionales. Y jamás debe olvidarse que cuando el criterio de elección de un magistrado es el de su capacidad de acomodarse a los deseos del gobernante de turno, su lealtad durará lo que dure la popularidad del partido que lo propuso. La historia está repleta de ejemplos de esto último.