Es venezolano, fue a una audiencia tras incumplir una ley de tránsito y agentes del ICE lo sometieron en vivo
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Un ciudadano venezolano que vivía sin autorización legal en Estados Unidos fue detenido por agentes federales en un juzgado de New Hampshire mientras se presentaba por una causa de tránsito. El incidente, captado por cámaras de seguridad, muestra el momento en que Arnuel Márquez Colmenarez, de 33 años, intentó escapar de dos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes lo interceptaron en el edificio judicial de Nashua.
Inesperada detención del ICE en un edificio judicialEl episodio ocurrió el 20 de febrero de 2025, cuando Márquez Colmenarez asistía a una audiencia por cargos relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol, falta de licencia y no brindar información tras un accidente vial. Según se observa en el video de vigilancia compartido por Poder Judicial de New Hampshire y retomado por Associated Press (AP), agentes de inmigración intentaron abordarlo de forma discreta en el ascensor del tribunal.
Venezolano detenido por ICELas imágenes del sistema de seguridad del tribunal mostraron que los agentes tocaron el hombro de Márquez Colmenarez al salir del ascensor. En ese momento, según testigos, se identificaron como agentes federales. El individuo intentó salir rápidamente, pero fue reducido en pocos metros.
Durante la maniobra para inmovilizarlo, uno de los oficiales chocó con un hombre mayor que utilizaba bastón, quien cayó al suelo. Según WMUR, el transeúnte sufrió heridas menores y rechazó ser trasladado para recibir atención médica.
El oficial Jered Neff, del Departamento de Policía de Hudson, quien se encontraba en el tribunal como enlace judicial, aseguró que escuchó un fuerte estruendo cerca de los ascensores, seguido de gritos. “Había voces gritando ‘¡Detente!‘, y luego un fuerte golpe que sonó como si personas hubieran caído al suelo y estuvieran peleando y forcejeando activamente”, escribió en un informe del incidente retomado por AP.
Neff se sumó al esfuerzo para contener a Márquez Colmenarez, quien intentaba resistirse mientras era esposado por los oficiales.
Antecedentes del venezolano detenido por agentes del ICEMárquez Colmenarez había sido acusado previamente, el 9 de febrero, por violaciones a la ley de tránsito en New Hampshire. Al no presentarse a la audiencia inicial por estos cargos, el juez emitió una orden de arresto. En paralelo, las autoridades federales ya habían emitido una alerta por su permanencia ilegal en el país.
La intervención de ICE no fue notificada con antelación a los fiscales locales, quienes no estaban al tanto del operativo ni presenciaron el arresto, según informó la policía de Nashua.
Hasta el momento, el venezolano permanece recluido en un centro de detención de ICE en Texas, según consta en la base de datos oficial del organismo. El informe asegura que está en el Centro de Procesamiento de Río Grande, ubicado al 1001 del bulevar San Río, en Laredo.
Cambios en la política migratoria bajo la administración TrumpLa detención se produjo en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno federal. Desde enero de 2025, la administración del presidente Donald Trump implementó nuevas directrices migratorias, por lo que se eliminaron restricciones impuestas por gobiernos anteriores respecto a la actuación de agentes de inmigración en lugares considerados sensibles.
Estas nuevas normas, comunicadas oficialmente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), permiten a los agentes de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizar arrestos en o cerca de juzgados, escuelas, hospitales o templos religiosos cuando exista evidencia creíble de la presencia de una persona buscada.
La decisión revocó las políticas implementadas desde 2011 y ampliadas durante la administración Biden, que exigían condiciones excepcionales para intervenir en esos espacios. El gobierno actual justificó los cambios al afirmar que las autoridades deben poder operar sin restricciones para ejecutar órdenes legales y proteger la seguridad pública.