El jueves pasado, el gobierno nacional aprobó un desembolso de 10.000 millones de pesos para asistir a las personas damnificadas por las tormentas del 16 y 17 de mayo pasado, que dejaron bajo agua a varias ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires. Sitios como Zárate, Campana o Arrecifes recibieron alrededor de 400 mm de lluvia en tan solo dos días. La devastación la sintieron en especial las viviendas y los objetos en su interior.

“Mucha gente perdió sus muebles, ropa, electrodomésticos. Se tuvieron que endeudar para poder reemplazar todo. Nosotros hablamos cada semana con Nación y pedimos fondos para aliviar a estas personas”, afirmó Francisco Ratto (JxP), intendente de San Antonio de Areco, una de las ciudades más afectadas y que figura entre los beneficiados por la medida publicada la semana pasada.

La medida se oficializó a través del decreto 497/2025 firmado por la Jefatura de Gabinete, y los ministerios de Economía y de Seguridad, aunque las gestiones son manejadas por este último, encabezado por Patricia Bullrich. Las ciudades bonaerenses alcanzados son Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco. Si bien aquí se excluye a otras zonas afectadas de la provincia, fue en el norte donde la “fábrica de tormentas” se instaló y provocó las peores inundaciones.

No llegará a barrios vulnerables

Intendentes consultados por LA NACION advirtieron que el subsidio no logrará cubrir a toda la población afectada. Señalaron que muchos de los afectados no tienen una vivienda regular, que es uno de los requisitos para obtener el beneficio, según lo estipula el artículo 3 del reciente decreto. En este caso particular, les pedirán una boleta de luz, según confirmaron tres intendentes.

“En las zonas afectadas, la mayoría de las familias están enganchadas. Son los barrios más marginales, tanto de Campana como de Zárate, y son muy pocas las familias en porcentaje que estarían cubiertas con este subsidio”, advirtieron desde la intendencia de Campana.

Un estudio publicado en 2018 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) indicó que solo en esas dos ciudades casi 140.000 personas vivían en un nivel medio, alto y muy alto de índice de vulnerabilidad social frente a desastres, por habitar en zonas inundables y en condiciones precarias.

“Nosotros, en particular, tuvimos más de 3000 evacuados y esta medida podría alcanzar a unas 1200 familias con suerte”, afirmaron desde la intendencia de Campana. Otros municipios, como el de San Antonio de Areco, aseguraron tener un 100% de las viviendas regularizadas, por lo cual no se alarmaron por dicha exclusión.

Todos ven urgente que el subsidio llegue, en especial para aliviar la deuda de las personas que tuvieron que reemplazar en forma automática objetos fundamentales como una heladera o una cama.

Falta la reglamentación

Si bien la reglamentación de este decreto todavía no se publicó, desde el Gobierno anticiparon a LA NACION que es probable que salga la semana que viene y, a partir de ese momento, se empezaría a ejecutar. En la letra chica de la reglamentación se precisarán los montos que se designarán por vivienda y las categorías específicas.

El fondo previsto lleva el nombre Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) y tiene la misma naturaleza y nombre que el fondo diseñado para atender la emergencia que ocurrió unos meses antes en Bahía Blanca y ciudades cercanas. Este fue aprobado por decreto del Poder Ejecutivo unas semanas después de que obtuviera por unanimidad sanción en la Cámara baja el proyecto de ley para declarar la emergencia en aquella ciudad, que fue vetado por el Presidente y con el que el Senado insistió, con cambios. Este punto es clave, pues entre los intendentes se presume que funcionará de la misma forma.

“Es un fondo de 10.000 millones de pesos, pero que es para todas las ciudades y que no implica que todo vaya a la gente en su totalidad. Entendemos que el reparto va a ser de 3.000.000 por familia, por lo que sabemos de Bahía Blanca, pero todavía no tenemos demasiada información”, calcularon representantes de una de las intendencias involucradas.

Sobre la base de la reglamentación del SUR de Bahía Blanca, es posible que las viviendas de afectación alta reciban $3.000.000 y las de afectación media, $2.000.000. Esto, en principio, será especificado la reglamentación. Allí también aparecerá la modalidad de pago y la forma de registro.

Medidas para adaptarse al cambio climático

En cuanto a infraestructura pública, este fondo no tendría previsto cubrir nada. Además, según los intendentes consultados, no hubo consecuencias graves en ese sentido. Aprovecharon para anunciar que están ejecutando obras que ayuden a las poblaciones a adaptarse a lluvias tan extremas como las que cayeron en mayo pasado.

Ratto informó que en San Antonio Areco están trabajando en el ensanchamiento del río Areco que pasa por la ciudad. “Es parte del Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades del gobierno provincial. En nuestro caso, la obra llevaba cinco años parada, pero ahora se reactivó”, detalló el intendente. Las administraciones de Zárate y Campana también anunciaron que avanzan con medidas de adaptación de infraestructura a condiciones más extremas, aunque no especificaron cuáles.

En la Argentina, en términos absolutos, llueve más que antes. Varios científicos confirmaron que en distintas partes del territorio las precipitaciones aumentaron en las últimas seis décadas. La situación tiene fuerte vinculación con el cambio climático global. En particular, el aumento de lluvias y de episodios intensos se registra en el centro, este y noreste del país. Y la región más crítica es la que se ubica alrededor del Río de la Plata y del Paraná.

Un estudio publicado hace diez años por meteorólogos argentinos ya advertía que, en términos generales, hay más lluvia que antes. “En la zona centro y noreste vemos un aumento de 100 a 150 mm solo en la temporada de verano. Y por año hay casos como el de Entre Ríos, donde llueve de 200 a 300 mm más que hace 63 años”, describió Matilde Rusticucci, especialista en cambio climático, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y coautora de la investigación.

Carlos Paoli, miembro de la comisión directiva del Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IAHR), denunció que desde este instituto llevan décadas advirtiendo la necesidad de medidas estructurales -obras hidráulicas- y no estructurales -sistemas de alerta por emergencia, comunicación y educación- para mitigar los efectos de las tormentas intensas, que son cada vez más frecuentes.

De hecho, el experto destacó un estudio privado publicado en 1995 y dirigido al gobierno provincial que analizó la situación en los municipios de Campana y Zárate y recomendó una serie de obras para evitar que las crecidas del río afecten zonas habitadas y para aliviar el agua acumulada por la lluvia.

El año pasado, el gobierno bonaerense publicó el Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades, que contempla el desembolso de 1,5 billones de pesos en obras de infraestructura dedicadas a aliviar, contener, encauzar o evitar el bloqueo de los ríos y afluentes con el único objetivo de mitigar las anegaciones e inundaciones.

Este proyecto, según explicaron desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial, es un plan rector. “Algunas de estas obras venían incluso de administraciones anteriores y otras empezaron este año”, aclararon. En total se proyectan 130 iniciativas, de las cuales 14 están terminadas.