La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro dispuso el desalojo de la planta de Fate en San Fernando, ocupada por sus empleados desde febrero pasado. Frente a la resolución, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a una concentración en los accesos del predio para rechazar la medida.

El gremio calificó la medida de “aberrante”, sostuvo que la firma mantiene un lockout patronal, y organizó una protesta que incluye un abrazo simbólico y una conferencia de prensa a las 10 en las puertas del establecimiento, según informo el medio local Que Pasa Web.

En conversación con LN+, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, Alejandro Crespo, cuestionó la medida: “Hay una contradicción. No puede haber una intervención que sirva para algo desde el área penal, en un conflicto que es claramente laboral”.

Ordenaron el desalojo de Fate

Además, el dirigente confirmó que apelarán la medida judicial para evitar que la decisión quede firme y enmarcó el cierre de la planta en una “pelea económica” entre el Poder Ejecutivo y el dueño de la firma por el mercado del aluminio.

“Somos rehenes de una pelea entre los que defienden el aperturismo y los que defienden el proteccionismo. Pero acá hay un montón de familias que no tienen nada que ver y están sufriendo las consecuencias”, remarcó en referencia a lo que considera una disputa entre el Gobierno y Aluar —empresa bajo la misma administración de Fate— por distintos negocios.

El gremialista también destacó la postura y el accionar de reclamo de los empleados desde el día del cierre. “Hace siete meses que los trabajadores estamos dentro de la planta, cuidando nuestros puestos de trabajo y cuidando también a la única productora de cubiertas para camiones y colectivos del país”, sostuvo.

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Ante la posibilidad de que se ejecute la medida con las fuerzas de seguridad, la conducción del SUTNA pidió el respaldo de la CGT para acompañar las acciones de protesta, llamado que sumó el apoyo de la CTA Autónoma, ATE y dirigentes del Partido Obrero y del PTS.

El cierre de la planta

El conflicto comenzó hace siete meses, cuando la empresa de Javier Madanes Quintanilla anunció el cierre de la planta industrial y el despido de más de 900 empleados.

La firma informó entonces, con un cartel colocado en la puerta de entrada, que la decisión se debió a “los cambios en las condiciones de mercado” que obligaban a encarar los desafíos “desde un enfoque diferente”.

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