La Justicia en lo Penal Económico, especializada en delitos financieros, tributarios, de contrabando o lavado, le reclamó al Gobierno que postergue la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Penal, previsto inicialmente para el 11 de agosto, ante la falta de camaristas y problemas de infraestructura tecnológica.

A pesar del reclamo, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, sigue adelante con lo previsto, sin que se contemplen modificaciones, dijeron fuentes de esa cartera a LA NACION.

El Gobierno anunció que desde el 11 de agosto próximo la justicia federal comenzará a funcionar de manera diferente, con un nuevo procedimiento, en el que las causas serán impulsadas por los fiscales que estarán a cargo de las investigaciones y los jueces oficiarán de árbitros entre la acusación y la defensa.

Se abandona el expediente escrito y se pasa a un sistema de audiencias públicas, grabadas, en las que se resuelven las incidencias, acusaciones, excarcelaciones, juicios abreviados y las condenas o absoluciones.

En Salta y Jujuy desde 2019 y el Ministerio de Justicia extendió su implementación a Mendoza, Rosario, Santa Fe, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.

En Comodoro Py 2002, los jueces tiene sus reservas y los fiscales, aunque lo apoyan, dicen que no van a dejar que les echen la culpa del fracaso del sistema, si es que no les dan más recursos.

El Gobierno se comprometió a dotarlos con salas de audiencias, y computadoras, aunque aún hay dudas sobre cómo se irá haciendo la implementación de manera progresiva.

El personal es un tema clave aún irresuelto, ya que debe haber más gente en las fiscalías que en los juzgados y hoy la ecuación es cuatro empleados en el Poder Judicial por cada una en el Ministerio Público Fiscal. Lo mismo ocurre con los Defensores Oficiales.

Además de implementarse desde el 11 de agosto en Comodoro Py 2002, donde está la Justicia federal de la Capital Federal, se comenzará a implementar en la Justicia en lo Penal Económico, que funciona en el vecino edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950, ambos en Retiro.

La Justicia Penal Económico es un fuero federal especializado en delitos de contratando, financieros, lavado, delitos tributarios, evasión fiscal, fraude impositivo, delitos cambiarios o fraude contra la administración pública, cuando involucra a funcionarios.

En la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, debería haber seis camaristas, pero solo hay dos. Los otros cuatro cargos están vacantes.

Los dos camaristas que quedan son Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes enviaron una nota a la Corte Suprema de Justicia para que se la eleve al Ministerio de Justicia. Allí se pidió posponer la fecha de entrada en vigor del nuevo Código procesal, entre otras cuestiones, debido a la falta de Integración de la cámara, la falta de operatividad de las oficinas judiciales, y la falta de infraesctructura.

Los jueces dijeron que solo hay dos de los camaristas jueces previstos legalmente (33% de la planta), lo que dificulta el funcionamiento adecuado, especialmente en el nuevo sistema acusatorio que requiere oralidad y presencia activa de jueces de revisión.

Allí enumeraron los faltantes y reclamaron cubrir las cuatro vacantes. El Consejo de la Magistratura terminó los concursos y envió al Poder Ejecutivo las ternas para cubrir tres de estas cuatro vacantes el 30 de octubre de 2024.

Hay un cuarto concurso en trámite, done se tomaron exámenes y resta compulsar los antecedentes de los postulantes.

Señalaron los camaristas que las Oficinas Judiciales no están en funcionamiento, aunque son esenciales en el nuevo modelo procesal. Son órganos administrativos que asisten a los jueces en la gestión de los procesos judiciales, liberándolos de tareas administrativas y permitiéndoles enfocarse en la toma de decisiones.

Estas oficinas se encargan de la tramitación de expedientes, gestión de audiencias, distribución de casos y coordinación entre las partes. Son las que van a decidir como se distribuyen los casos de los fiscales entre los jueces y la agenda.

Los camaristas se quejaron de que hay “infraestructura insuficiente”, pues solo tres de las cuatro salas de audiencia necesarias están en proceso de acondicionamiento.

Dijeron que faltan equipos informáticos actualizados y describieron problemas en la red de internet inalámbrica del edifico de Inmigrantes 1950.

“Una situación que ha generado dificultades desde hace tiempo y no se ha logrado solucionar, respecto de la que solo se nos ha informado acerca de la dificultad que presenta resolverla, es que la instalación de red inalámbrica de internet del edificio de Av. de los Inmigrantes 1950 no se encuentra completa”, dijeron los magistrados.

Explicaron que “la posibilidad de mantener comunicaciones y/o videocomunicaciones utilizando wi-fi no reviste seguridad en cuanto a la calidad del sonido y a las interrupciones” y que a pesar de los reclamos no pudo solucionarse para tener más ancho de banda.

“Esta carencia podría constituirse en un obstáculo para el normal funcionamiento del sistema en los casos en los cuales alguna de las partes en el marco de una audiencia necesite acceder a una red inalámbrica disponible y la señal no resulte suficiente, lo cual tendría aptitud para afectar los actos jurisdiccionales”, señalaron los jueces.

Por eso pidieron, una postergación temporal de su implementación en el fuero hasta que se cuente con los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios.