El 20 de agosto de 2019, a las 15:20, Marcos Rougès (h.) iba camino a rendir un examen en la Facultad de Derecho. Pero nunca llegó. Al volante de su Nissan Tiida gris, dobló en una calle del centro de San Miguel de Tucumán, chocó contra un colectivo y detuvo la marcha. Cuando los primeros curiosos se acercaron, encontraron muerto al joven de 25 años que a los 16 había sido premiado por la Mont Pélerin Society, asociación académica internacional de economistas, filósofos y otros intelectuales que promueven el liberalismo clásico y el libre mercado, fundada por Friedrich Hayek en 1947. Un tiro en la cabeza había segado su vida.

Ese instante es el hito de un misterio aún inexpugnable. Para la Justicia provincial ya no quedan dudas: la muerte ocurrida a la altura del 1218 de la avenida Sarmiento fue un suicidio. Los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) sostuvieron que el joven se disparó en la sien derecha con un revólver calibre 38 de su propiedad. Varios testigos afirmaron que Rougès (h) iba solo en el auto. Esa conclusiones fueron avaladas por todas las instancias de la Justicia local, que convalidaron la hipótesis de la muerte por mano propia.

En cambio, para el abogado Marcos Aníbal Rougès, la muerte de su hijo fue producto de lo que él califica como “el más tremendo y silenciado homicidio estatal en la Argentina”. Sostiene, tras haber revisado infinidad de veces las pruebas, los testimonios y el contexto, que su hijo no tenía ningún motivo para quitarse la vida. Afirma que “a Marquitos lo asesinó la policía”, que lo acribillaron por error en un operativo montado para “cazar” a un presunto narco, y que, acto seguido, hubo un “masivo encubrimiento” de parte del Poder Ejecutivo y de la Justicia de Tucumán.

En las últimas horas, su último recurso en el país fue resuelto en su contra: la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, por cuestiones procesales, el recurso de queja presentado. Afirma que eso no lo detendrá: adelantó a LA NACION que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está convencido de que la versión oficial es una mentira y que su hijo fue víctima de un entramado demasiado oscuro e inaceptable. Que detrás de la muerte de su hijo hubo irregularidades, encubrimiento del narcotráfico y participación policial.

No solo eso: sostiene que la Corte Suprema de Justicia se ha negado a investigar su “teoría del caso”, con lo que “viola el Protocolo de Minnesota conforme al cual la investigación en caso de sospecha de violencia estatal debe ser exhaustiva”, y también, que no cumplió con la ley de víctimas 27.372, al no haberle concedido audiencia previo a emitir sentencia. En consecuencia, querelló por “incumplimiento de deberes de funcionario” a los tres jueces firmantes.

El Ministerio Público de Tucumán, a las sospechas del padre, responde con las constancias del expediente. En él, aseguraron a LA NACION, están las pruebas irrefutables de que se trató de un suicidio.

Marcos Aníbal Rougés afirma que cuando su hijo dobló en la calle Bernardo de Irigoyen fue interceptado a pocas cuadras de la Legislatura tucumana y habría sido asesinado por error por efectivos “parapoliciales sin uniforme” de la Brigadas de Investigaciones. Lo confundieron. Lo acribillaron. Y, según relató el padre a LA NACION, a Marcos (h.) le dispararon a la cabeza desde un techo.

Sostiene que habría existido una orden ilegal del Ministerio Público Fiscal de Tucumán para montar una emboscada contra terceras personas. “Es un caso gravísimo de violencia estatal”, dijo a LA NACION.

La investigación que, según el padre, podría haber expuesto una red de abusos y complicidades estatales, fue sepultada por el peso del expediente oficial. Y, para él hay una sola razón para ello: “Compromete al poder político tucumano de la época. Están involucrados en el encubrimiento al menos el Ministro Público Fiscal y los cinco vocales de la Corte Suprema de Tucumán”, aseveró.

Lo que afirma haber descubierto es escalofriante: una cadena de irregularidades procesales, pruebas desaparecidas, dictámenes manipulados, archivos injustificados y un CD con fotografías clave de la autopsia oculto en el despacho del ministro fiscal de Tucumán.

A partir de esas evidencias hizo su propia reconstrucción del caso: desde las cámaras de seguridad que captaron el auto baleado hasta los audios de una radio-operadora policial reprendiendo a los agentes que intervinieron en el hecho y en los que –sostiene Rougès– se habría escuchado una confesión involuntaria del crimen.

Su investigación personal conecta los puntos que, según su opinión, la Justicia tucumana habría evitado unir: los presuntos autores materiales del asesinato, los supuestos encubridores institucionales y una eventual red judicial tejida durante décadas por el poder político local.

La autopsia que desapareció

Atravesado por el dolor, pero determinado en probar que su hijo no se había matado, Marcos Antonio Rougès se sumergió dentro del expediente dispuesto a revisar exhaustivamente cada prueba, cada indicio, mientras intentaba evitar, procesalmente, el cierre de la causa.

Luego de que le fuese denegado un recurso de Casación y antes de presentar el recurso extraordinario descubrió que el informe original de la autopsia nunca había sido incorporado al expediente. Y, cuando la Corte local ofició a las diversas reparticiones del Ministerio Público Fiscal para pedirlo, apareció un CD con fotografías tomadas en el curso de la autopsia en el despacho del ministro fiscal, Edmundo Jiménez.

Esas imágenes –afirma Rougès–no solo eran diferentes a las que estaban agregadas en el informe del expediente, sino que demostraban que no había ninguna aureola de pólvora del lado derecho -a la altura de la sien, donde supuestamente se había disparado Marcos-, y que el orificio del lado izquierdo, en la parte superior del cráneo, también carente de aureola de pólvora, mostraba un típico orificio de disparo a “boca de jarro”, o sea, muy cerca o prácticamente pegado.

Según el relato del padre del joven el cuerpo habría sido manipulado y la autopsia habría sido adulterada, y la orden del ocultamiento vendría “de arriba”. Por lo tanto, no podía tratarse de un suicidio.

“Estas fotografías se contradecían con las de la autopsia y demostraban que la misma había sido armada. Indicaban que no se trataba de un suicidio mediante un disparo en la sien derecha con salida por la parte superior izquierda del cráneo, sino de un asesinato en el cual la bala entró por la parte superior del lado izquierdo del cráneo formando el orificio de ‘boca de jarro’, y luego salió por la sien derecha. Además, el tatuaje de pólvora que figuraba en las fotos agregadas a la autopsia desaparecida había sido efectuado en la morgue luego de enviarse al Ministro Fiscal las fotografías verdaderas y antes de emitir el dictamen autópsico con las fotografías tomadas luego de adulterar el cadáver”, dijo Rougès padre a LA NACION.

Las fotos que sí estaban en el expediente oficial, entonces, mostrarían un supuesto tatuaje de pólvora del lado derecho para simular un disparo de suicidio a corta distancia y una versión forzada del orificio del lado izquierdo para simular un orificio de salida.

A pesar de los testimonios –ninguno directo–, ningún vecino escuchó nada en el lugar donde quedó el auto del joven, que es donde se habría disparado. “No tenía escapatoria, todas las esquinas estaban rodeadas de policías. Se confundieron de auto y lo ejecutaron a Marquitos. Había chicos que guardaban bicicletas y vecinos barriendo la vereda. Los disparos –se supone– habrían sido ejecutados con silenciadores“, detalló el Rougès a LA NACION.

Todas las versiones oficiales indican que Marcos quiso embestir a los oficiales de tránsito y, a partir de eso, terminó chocando el colectivo y pegándose un tiro. Pero los registros fílmicos, destaca Rougès padre, muestran una actitud completamente distinta: incluso antes de desvanecerse se ve que Marcos intentó detener el auto de manera cautelosa.

Además, rompieron la ventanilla trasera derecha del auto -que estaba acribillada -apoyando el pie para rescatarlo, en lugar de la ventana más próxima a la víctima. “En ese vidrio estaban los impactos de las balas que asesinaron a Marcos. Aprovecharon para eliminar todo tipo de evidencia. Después armaron una carpa y empezaron a hacerle chapa y pintura al auto para borrar los agujeros de las balas. En las fotos de la fiscalía taparon los siete impactos de bala, pero en las grabaciones de las cámaras de seguridad se ven perfectamente: un enorme orificio de bala atrás, cuatro orificios de bala en el guardabarros delantero y una abolladura en donde, mirando con atención, se pueden notar los dos orificios de los balazos que entraron por el techo”, aseguró Rougès padre a LA NACION.

Las fotos

Aunque la existencia del CD con las fotos fue informada a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, todos los vocales del máximo tribunal rechazaron el recurso extraordinario presentado por Rougès y no dispusieron ninguna investigación ulterior. Ningún fiscal, juez, secretario o prosecretario intervino. Nadie pidió explicaciones sobre la desaparición del informe original forense ni sobre la eventual adulteración del cadáver.

Rougès afirma que, aunque las pruebas son claras, “el sistema” habría decidido protegerse a sí mismo. “El hecho de que aquel CD figurara en la oficina del Ministro Fiscal demuestra claramente que conocía la realidad del asesinato y contribuía a su ocultamiento”, sentenció.

Entre las pruebas que el padre afirma haber reunido por su cuenta se encuentran las imágenes de cámaras de seguridad que muestran el automóvil acribillado, antes de la intervención de los peritos. Habría recibido siete disparos. A partir de este escenario, explicó a LA NACION, empezó el “encubrimiento estatal”.

Además, habría audios comprometedores de la radio policial. En uno de ellas, una operadora se habría comunicado con dureza con los policías de la Brigada de Investigaciones.

“Son salvajes ustedes. El chico está muerto. Ya venía con el balazo. Le han disparado por la espalda, una locura. Es un horror, está tirado. Yo he visto cómo fue la ejecución. Son todos de la brigada”, se escucha en el audio, de baja calidad.

Y, para el padre, eso es un claro indicio de que -previo a la respuesta de la operadora- habría habido una confesión al aire del asesinato de su hijo. Si eso es efectivamente así, toda la policía de la provincia pudo escuchar lo sucedido. Sin embargo, nadie intervino y nadie habló.

Rougès está convencido de que la orden de frenar cualquier investigación contra la actuación policial vino de las altas esferas del poder, y que por eso ninguna instancia judicial ha querido investigar el caso, ni siquiera habiendo quedado expuestas las irregularidades más groseras.

“El Ministerio Público Fiscal de Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán están incursos cuando menos en delitos de encubrimiento”, afirmó a LA NACION.

Los fundamentos del archivo de la causa

La Justicia tucumana y posteriormente la Corte Suprema De Justicia de la Nación, resolvieron archivar la investigación por la muerte de Marcos Rougés, argumentando que la muerte no configuró delito alguno y que no hubo participación de terceras personas. Ante la consulta de LA NACION sobre las dudas y acusaciones planteadas por el padre del joven, desde el Poder Judicial dijeron a este diario que lo que tenían para decir sobre el caso está en el expediente. En consecuencia, enviaron tres cuerpos de la causa judicial, más de mil fojas.

Hay filmaciones, pericias técnicas, testimonios y estudios forenses. Con ese corpus probatorio la fiscalía sostuvo la hipótesis del suicidio.

Las autoridades judiciales sostuvieron en el expediente que las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir paso a paso los últimos movimientos del vehículo. Para los magistrados, en todos los registros, el Nissan circuló en medio de dos autos –un Chevrolet Corsa y un Renault Clio–, manteniendo siempre los mismos intervalos de tiempo, lo que para los peritos prueba que no hubo detenciones, ascensos ni descensos de personas.

En la maniobra de giro hacia la avenida Sarmiento, el auto aminoró la marcha, colocó la luz de giro, chocó contra un colectivo y se detuvo. Ello, según consta en uno de los tres cuerpos de la causa, a los que accedió LA NACION, hubiese sido imposible de realizar tras haber recibido un disparo en la sien.

Minutos después, un transeúnte rompió el vidrio trasero derecho para intentar auxiliar al conductor. Según los peritos, los cristales estaban intactos antes del impacto, por lo que el disparo no pudo haber provenido desde afuera.

Respecto del video editado y aportado por Rougès que atribuía la portación de armas de fuego a dos personas presentes en la escena, los técnicos del Ministerio Público concluyeron que los objetos que se veían en sus manos no eran armas, sino otros elementos de difícil identificación, posiblemente un teléfono celular o un cigarrillo.

En el expediente se destacan seis declaraciones de testigos presenciales que, para la fiscalía, refuerzan la hipótesis del suicidio. Un inspector de tránsito incluso le habría dicho a otro testigo que, tras el choque, vio cómo el joven “se pegó un tiro en la cabeza”.

La mayoría de los testigos que declararon reconocieron que no escucharon la detonación, pero todos coincidieron en que nadie más salió ni entró al auto y que los vidrios estaban sanos hasta el intento de rescate.

El chofer del colectivo también describió que, tras el roce, el vehículo quedó detenido y enseguida los agentes de tránsito le advirtieron: “Se ha matado”.

Las pruebas científicas

La autopsia reveló un disparo en la sien derecha con trayectoria intracraneal, efectuado a menos de 50 centímetros. “Siguiendo una dirección de derecha a izquierda, de abajo a arriba y de adelante hacia atrás, perfora piel y paquetes musculares, atraviesa el tejido óseo del hueso temporal derecho, penetra en la cavidad craneana produciendo gran destrucción de la masa encefálica con sus respectivas hemorragias y se exterioriza por región parieto occipital izquierda, produciendo lesiones gravísimas tanto a nivel óseo como encefálico, lo que constituye un traumatismo encefalocraneano, que fue lo que en definitiva llevó al óbito al causante”, indica el informe.

Además, los estudios químicos hallaron restos de pólvora (plomo, antimonio y bario) en la mano derecha de Rougés, en su campera de color verde, en su buzo negro, y en el interior del Nissan Tiida, excepto en el panel de la puerta trasera izquierda.

Otro de los argumentos que, para la Justicia tucumana, sustentan el suicidio, se basa en que el proyectil y la vaina encontrados dentro del vehículo correspondían a un revólver calibre .38 Special marca Llama, serie 871001, que estaba registrado a nombre de la víctima, que era legítimo usuario (LU).

Además, el ADN de Rougés se detectó tanto en sus manos como en el arma y en el resto de las partes peritadas. Los peritos confirmaron: el disparo fue autoinfligido y no hubo ingreso de otro proyectil desde el exterior.

El análisis toxicológico dio negativo para alcohol y drogas. Un estudio anatomopatológico corroboró el tatuaje de pólvora en la herida de entrada. Por otro lado, informes vecinales y policiales descartaron operativos oficiales en la zona en el momento del hecho.