El 10 de septiembre pasado, en un viaje de egresados, se escuchó un cántico que hiela la sangre: “Hoy quemamos judíos”. No se trató de una broma ni de una travesura adolescente, sino de una expresión de odio con clara connotación discriminatoria, que se hizo visible por Dani Lerer a través de redes sociales. Lo más grave es que contó con la participación activa de un coordinador de la empresa de viajes y de un padre que acompañaba la excursión.

Ante ello, presenté formalmente una denuncia penal en los términos de la Ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios y la incitación al odio religioso o étnico. En esa presentación pedí medidas urgentes: preservación de la evidencia digital, pericias informáticas que garanticen la cadena de custodia, identificación de los responsables y citación a indagatoria de quienes resulten implicados. El derecho no puede llegar tarde: cuando la incitación al odio se materializa, el Estado tiene la obligación de intervenir.

Los hechos provocaron reacciones inmediatas. La Academia Nacional de Educación se pronunció rechazando toda forma de violencia y discriminación, exhortando a docentes, familias y directivos a reforzar la enseñanza de valores humanistas, respeto a los derechos humanos y cultura de paz. La propia escuela involucrada emitió varios comunicados, reconociendo la gravedad del episodio y comprometiéndose a trabajar en talleres de reflexión junto con la comunidad educativa y organizaciones como la DAIA.

La sociedad civil, los medios y el mundo académico también se expresaron. En recientes editoriales se advirtió que el antisemitismo y la discriminación no dañan solamente a la comunidad judía: erosionan la convivencia democrática, ponen en riesgo la igualdad y socavan el respeto mutuo. Cada manifestación de odio que se tolera abre la puerta a que resurjan las peores páginas de la historia.

El derecho argentino, con la Ley 23.592 y con la jerarquía constitucional de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, establece un compromiso ineludible: sancionar la incitación al odio y proteger la dignidad humana. La figura penal se consuma con la sola instigación, sin necesidad de que el acto discriminatorio se concrete.

Frente a esto, como abogado, pero sobre todo como ciudadano, hago un llamado claro y urgente:

1. A LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES: que incorporen en sus planes de estudio una formación explícita sobre derechos humanos, memoria y prevención del prejuicio.

2. A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: que informen con responsabilidad y sin relativizar expresiones de odio y agradeciendo su labor esta tarea.

3. A LA CIUDADANÍA: que rechace el antisemitismo y toda forma de discriminación en las redes, en la vida cotidiana y en cualquier espacio social.

4. A LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y EJECUTIVAS: que actúen con firmeza, aplicando la ley con celeridad y ejemplaridad.

EL ANTISEMITISMO NO ES UN PROBLEMA JUDÍO: es un problema argentino. Y si como sociedad lo permitimos, estaremos erosionando los cimientos mismos de la democracia y la igualdad.

La lucha contra la discriminación no admite neutralidad. Es hora de transformar el repudio en acción, el silencio en palabra, y la palabra en Justicia.

El autor es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales