Llama la atención que los principales dirigentes del peronismo hayan resuelto abroquelarse alrededor de la defensa de un instrumento del que habitualmente renegaron como las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). Invariablemente, desde la sanción de la ley electoral que impuso este mecanismo para la selección de candidatos a cargos electivos nacionales, el Partido Justicialista ignoró tal procedimiento y recurrió a los acuerdos de cúpula entre cuatro paredes o al dedo de Cristina Kirchner para la designación de sus más importantes postulantes.

Ante la carencia de un liderazgo aglutinador y desgastados por las paupérrimas gestiones gubernamentales de Cristina Kirchner, primero, y de su delfín, Alberto Fernández, después, caracterizadas por los escándalos de corrupción pública y un desorden fiscal que volvió a poner a los argentinos al borde de un nuevo proceso hiperinflacionario, los principales dirigentes del peronismo acordaron recientemente ratificar su voluntad de formar un “frente anti Milei” para las elecciones de 2027 y rechazar la reforma electoral propuesta por el oficialismo, cuyo eje es la derogación de las PASO.

Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner encabezaron un encuentro, realizado en esta capital, del que participaron los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; de Formosa, Gildo Insfrán; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, además del caudillo santiagueño Gerardo Zamora. Allí, los citados referentes del peronismo confirmaron la idea de que, esta vez, las PASO podrían constituir el elemento ordenador que les permita dirimir sus diferencias internas. Nada asegura, sin embargo, que si las primarias abiertas son ratificadas, el peronismo no vuelva a recurrir a un acuerdo de cúpula para seleccionar a sus postulantes.

Lo cierto es que la dirigencia peronista pretendería refugiarse, una vez más, en el pragmatismo de supervivencia y en una especulación táctica, al tiempo que seguramente encuentra otras razones para oponerse a la reforma electoral que propicia el oficialismo. No sería improbable que, detrás de su rechazo a esa iniciativa del gobierno nacional, se esconda su oposición a la llamada ley de ficha limpia, que impediría postularse a cargos electivos a quienes tengan condenas en segunda instancia.

Es difícil imaginar que la resistencia peronista a revisar un mecanismo que insume millonarios recursos públicos responda a una genuina defensa de la participación democrática que, por otra parte, el kirchnerismo ha venido evitando en anteriores procesos eleccionarios. Por el contrario, esta posición revela la urgencia de una corporación política que precisa de la obligatoriedad estatal para ordenar sus propias fracturas internas.

A este abroquelamiento logístico se suma el prematuro intento de tejer un frente cuyo único sustrato conceptual parece ser el rechazo dogmático a la administración de Javier Milei. La gestación de coaliciones basadas meramente en la lógica del “anti” prescinde de cualquier acuerdo programático serio de cara al futuro del país. Esta dinámica ya demostró su rotundo fracaso en el pasado reciente, dejando al país sumido en una grave crisis socioeconómica bajo fórmulas de gobierno sustentadas exclusivamente en la urgencia por retener parcelas de poder.

Como hemos señalado oportunamente, sin recambio generacional a la vista, sin propuestas superadoras y con discursos populistas tan obsoletos como deshilachados, la oferta electoral del peronismo se parece actualmente a un tren fantasma que transporta a los mismos oscuros personajes que llevaron a la economía argentina a la ruina e infundieron pánico en los mercados, agigantando un Estado tan obeso como ineficiente y desalentando cualquier inversión de riesgo.

Resulta patético contemplar a Máximo Kirchner pretendiendo levantar la temperatura electoral entre cierta militancia a la que exhorta a “liberar a Cristina” y volver a llevarla a la presidencia de la Nación, pese a estar inhabilitada judicialmente en forma permanente para ejercer la función pública, tras ser condenada por corrupción.

La misma incredulidad rodea el discurso del gobernador bonaerense, Kicillof, próximo a cumplir dos mandatos consecutivos en los que la inseguridad, la pobreza, la baja calidad sanitaria y educativa caracterizaron su pálida gestión. También a un dirigente como Massa, cuya labor como ministro de Economía de Alberto Fernández provocó un fuerte salto inflacionario que llevó el aumento del costo de vida al 211% anual en 2023 y un despilfarro de recursos estatales a partir del demagógico “plan platita”. ¿Qué puede decirse, finalmente, de gobernadores como Quintela, que ya advirtieron que, si el peronismo retorna al poder, se nacionalizará lo que sea necesario y se expropiará lo que haya que expropiar, sin importar los contratos firmados ni la seguridad jurídica?

El empeño por coordinar alianzas vacías de contenido programático solo confirma la desconexión de un sector que se resiste a abandonar los viejos vicios de la política tradicional y que no es capaz de generar una propuesta esperanzadora, ni de esbozar una renovación dirigencial. Solo puede ofrecer un funesto pasado por delante.