La Anses le pagará a Cristina Kirchner, a partir del beneficio mensual correspondiente a agosto, una pensión que por ese mes será, en bruto, de $15.683.154,06. El dato, que se condice con lo anticipado días atrás por LA NACION, surge de una notificación enviada por el organismo de la seguridad social a la justicia previsional, que aclara que a esa cifra se le harán descuentos por la obra social y el impuesto a las ganancias.

Se trata de un pago dispuesto por una medida cautelar dictada por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social que, en febrero pasado, dio lugar a la pretensión de la expresidenta, quien había pedido la restitución provisoria de una de las dos asignaciones de privilegio que cobraba hasta noviembre de 2024.

Ambos beneficios -uno por ser expresidenta y otro por ser la viuda de un expresidente- fueron dados de baja en aquel mes, luego de que Cristina Kirchner resultara condenada por ser “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Es decir, fue condenada por dañar con hechos de corrupción al Estado, al cual ahora se lo obliga a abonarle una varias veces millonaria asignación mensual.

Tras la decisión de dar de baja los pagos, formalizada en su momento mediante una resolución firmada por el exdirector ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, CFK inició una demanda en busca de recuperarlos definitivamente. Luego, solicitó el dictado de una medida cautelar para que, mientras se define la cuestión de fondo (si es válida la resolución de la Anses referida a las bajas), se le abone de forma provisoria uno de los dos ingresos.

En primera instancia, la jueza del fuero previsional Karina Alonso Candis denegó ese pedido de la exfuncionaria, pero en la instancia de revisión, los jueces camaristas Sebastián Russo y Juan Fantini habilitaron la cautelar favorable a CFK, alegando cuestiones alimentarias y sin analizar que la exfuncionaria cumple una condena de seis años de prisión, algo que -según recuerda un reciente dictamen del procurador general de la Nación- supone la suspensión del cobro de ingresos previsionales, de acuerdo con lo establecido por el Código Penal.

Esta mañana, la jueza a cargo de la causa notificó a las partes intervinientes en la demanda la manifestación de cumplimiento de la medida cautelar, que hizo la abogada representante del organismo previsional.

“Mi representada (por la Anses) procederá en el mensual agosto de 2026 al restablecimiento del beneficio nro. 47-6-8085213-0″, señala el escrito enviado a la Justicia.

El texto recuerda también que esa pensión había sido dada de baja y que, en junio pasado, desde el Poder Judicial se había intimado a la Anses a dar cumplimiento a la cautelar. La intimación tuvo lugar, tal como informó LA NACION días atrás, después de que CFK prestara una “caución juratoria”, comprometiéndose a reparar el daño producido al patrimonio público en el caso en que, posteriormente al cumplimiento de la cautelar, la resolución del juicio la desfavorezca. Es decir, si finalmente la Justicia determina que es válida la resolución de baja de las prestaciones, CFK debería devolver todo el dinero que cobre a partir de agosto.

En rigor, la Anses había solicitado, como condición para liquidar el beneficio según la orden judicial, que la expresidenta prestara una caución real, que implica poner activos en garantía, para la eventual devolución. Sin embargo, la Justicia dio por cumplido el requisito de la garantía -previsto en la normativa que regula las medidas cautelares en las cuales el Estado es parte- solo con una caución de carácter juratorio, y así lo expresó al intimar a la Anses a concretar el millonario pago a CFK.

En la notificación ante la Justicia que hizo ahora la Anses, señalando que se cumplirá con la cautelar, se aclara que el pago se hará sin perjuicio de que se cuestionará formalmente la habilitación judicial del pago sin una caución real. Además, se recuerda que el organismo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el cual se pide que el tribunal máximo tome intervención en el asunto y dicte sentencia contraria al cobro provisorio de la prestación. También hizo una presentación en igual sentido el fiscal Juan Carlos Paulucci.

Respecto de ese recurso ante la Corte, días atrás y tal como informó LA NACION, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que opinó que los jueces supremos deberían tomar la causa, y consideró que no corresponde dar lugar a la medida cautelar a favor de CFK. ¿La razón? El hecho de que la exfuncionaria está cumpliendo una condena penal que conlleva la suspensión del cobro de ingresos previsionales.

En relación con el monto de la prestación a abonar provisoriamente (que es la correspondiente a la pensión que se derivó del fallecimiento de Néstor Kirchner), la notificación de la Anses aclara que del monto de más de $15,68 millones se descontará lo correspondiente a obra social y al impuesto a las ganancias, y que no incluye el adicional por zona austral, un plus que hasta 2024 CFK cobraba por declarar domicilio en Santa Cruz, pese a que en realidad residía en la Ciudad de Buenos Aires.

Ambas asignaciones sumaron en aquel último mes en que se abonaron más de $35,2 millones en bruto y casi $22 millones en términos netos.

Los dos ingresos (la asignación directa por expresidenta y la pensión que se derivó del fallecimiento del tambié expresidente Néstor Kirchner) surgen de la ley 24.018, que regula las asignaciones para expresidentes y exvicepresidentes. Son considerados de privilegio (pese a que la ley no los llama así) porque, para su obtención, no se pide cumplir con requisitos ni de edad ni de tiempo de aportes.

CFK había comenzado por primera vez a percibir dos beneficios a la vez apenas finalizó su mandato presidencial. Aún durante su gestión, se le había otorgado la jubilación como expresidenta, al tiempo que ya cobraba la asignación como viuda. Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de abonar una de las prestaciones, y la decisión se justificó en las incompatibilidades claramente establecidas en el artículo 5 de la citada ley 24.018.

Sin embargo, en marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite, la entonces directora ejecutiva de la Anses y militante camporista, Fernanda Raverta, repuso el pago de la asignación suspendida.

El tema del cobro del doble beneficio tiene su propia causa judicial, que sigue abierta, con un recurso de queja pendiente de resolución, que fue presentado años atrás por la entonces diputada nacional Graciela Ocaña, para procurar que la cuestión no quedara archivada con CFK cobrando, en ese momento, ambas prestaciones.