En tanto la privación de la libertad sea solo física y no incluya la virtualidad, la cárcel seguirá siendo un vehículo para seguir cometiendo delitos. Así lo demuestra la enorme cantidad de presos que siguen comandando bandas de delincuentes desde dentro de los penales.

El uso de celulares les permite hacer tareas de inteligencia en torno de sus potenciales víctimas, preparar logísticas cada vez más sofisticadas para ejecutar crímenes y llevarlos a cabo mediante el apoyo de personas en libertad que les responden.

El celular se ha transformado así en un arma en manos de delincuentes y poco se ha hecho para revertir una situación que, en numerosos casos, termina en la muerte de las víctimas.

Bastan unos pocos ejemplos para dar cuenta de esa situación.

· Mediante el uso de un teléfono celular fue que presos hostigaron, embaucaron, estafaron y llevaron al suicidio al soldado voluntario del Ejército Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años.

· Al grupo de delincuentes conocidos como “la Banda de millón”, que amenazó, robó y asesinó, se le probó que operaba al mando de cabecillas que se encuentran detenidos en varias unidades penales a quienes aquellos les enviaban fotos y videos como prueba de los botines obtenidos. Esas imágenes, incluso, las subían a redes sociales. Y eran los jefes en prisión quienes les impartían las directivas sobre cómo repartirse lo robado.

· Dos magistrados de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro fueron víctimas de una estafa en sus teléfonos celulares proveniente de llamados desde un penal. Uno de los jueces cayó en la trampa. Le informaron que le harían una entrega para lo cual debía registrar un código en su teléfono celular, lo que les permitió a los estafadores tomar el control de la cuenta de WhatsApp y hacerse de todo lo contenido del dispositivo.

· Un hombre que mató a un remisero para robarle el auto, tras lo cual asesinó a su esposa y a su suegra, comenzó a enviarle mensajes intimidatorios por celular a miembros de su familia política, a cargo de la crianza de su hijo, estando ya detenido.

Como contrapartida, cabe mencionar que, el mes último, en un fallo sin precedentes, el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Morón sentenció a 20 de prisión a un preso por haber abusado sexualmente de una niña de 12 años mediante medios digitales, sin haber tenido nunca contacto físico con ella. Los magistrados evaluaron el hostigamiento al que fue sometida la menor al responder virtualmente a los requerimientos del preso bajo constantes amenazas. El tribunal dejó constancia así de la figura de “abuso carnal” en casos de “abuso sexual digital” o de “cautiverio digital”.

Desde las cárceles se cometen homicidios por encargo, amenazas, extorsiones, estafas, secuestros, maniobras de narcotráfico, robos, grooming, trata de personas, extorsiones e infinidad de otras conductas penales absolutamente condenables

Resulta aberrante que se les permita a los delincuentes seguir delinquiendo mientras el Estado vuelve a fallarles una vez más a las víctimas extramuros cuyo derecho a la seguridad pareciera no importar

Esa histórica decisión pone sobre el tapete una realidad que fue descripta con acierto por la jueza federal de San isidro, Sandra Arroyo Salgado. “El problema –dijo a LA NACION- es que tanto el poder político como el judicial estamos desfasados. Somos obsoletos. Hoy todo está globalizado, incluido el delito. El narcotráfico, el terrorismo actúan virtualmente. La vida de las personas pasa por el celular y los delincuentes desde las cárceles se aprovechan de eso para seguir cometiendo sus crímenes. Hay que sacarles los celulares a los presos”.

La magistrada propone incluir en el Código Penal que la restricción de la libertad no solo alcance a lo físico, sino también a lo virtual.

Por otro lado, los jueces manifiestan preocupación por una peligrosísima paradoja que se les presenta diariamente: es muy difícil detectar de qué celular proviene una llamada desde la cárcel, en virtud de que, cuando se pide la intervención judicial, las antenas de telefonía proporcionan información de celdas en las que funcionan numerosísimos aparatos en un mismo penal. Si, por el contrario, se pide la intervención de un celular de una persona en libertad apenas sospechada, resulta mucho más rápida ubicarla. Es decir, hoy existe garantía de mayor impunidad si los delitos se cometen virtualmente desde una cárcel.

Recientemente, el gobierno nacional autorizó la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos de detección y bloqueo de celulares en penales federales con el fin de identificarlos y anular su funcionamiento. Instrumentar la medida no es ni simple ni automática, pero representa un paso adelante para empezar a evitar que esta situación continúe.

Cada provincia, en tanto, debería adoptar una postura similar respecto de los servicios penitenciarios que de ella dependen. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los presos siguen usando sus celulares, una medida que se instrumentó para la primera etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio de la pandemia por coronavirus con el fin de respetar los derechos de los detenidos de seguir manteniendo contacto con sus familiares y representantes legales. Ya pasaron casi seis años del final de esa emergencia, pero la norma sigue en pie.

Así como en ese momento se realizó un amparo colectivo en defensa de los derechos de los detenidos, es hora de que hoy se presente otro amparo en representación y defensa de los derechos de las víctimas que, totalmente inocentes, son blanco del delito coordinado por presos con la más que segura connivencia de agentes de seguridad y de parte del poder político.

Desde las cárceles se cometen homicidios por encargo, amenazas, extorsiones, estafas, secuestros, maniobras de narcotráfico, robos, grooming, trata de personas, extorsiones e infinidad de otras conductas penales absolutamente condenables. Resulta aberrante que se les permita a los delincuentes seguir delinquiendo mientras el Estado vuelve a fallarles una vez más a las víctimas extramuros cuyo derecho a la seguridad pareciera no importar.

Urge derogar la norma que permitió esas habilitaciones y, como sucede en la mayoría de los países, que quienes están privados de la libertad se comuniquen con el exterior mediante dispositivos controlados por la autoridad y en casos justificados.