Una foto tomada en un bar, registros de antenas de telefonía, mensajes de WhatsApp que luego se intentó borrar, el análisis de cámaras de seguridad e incluso la eventual eliminación de aplicaciones de mensajería durante un allanamiento se convirtieron en piezas clave de una investigación que alteró la serenidad en los pasillos judiciales de dos provincias.

El Juzgado Federal N°2 de Tucumán procesó sin prisión preventiva a un abogado acusado de haber solicitado hasta 100.000 dólares a cambio de utilizar presuntas influencias sobre un integrante de la Cámara Federal de Apelaciones para favorecer la situación procesal de un hombre investigado en una causa penal tramitada en los tribunales federales de Catamarca por presuntas maniobras financieras irregulares.

La resolución fue dictada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, en línea con el planteo formulado por el fiscal federal Agustín Chit, titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, quien lleva adelante la investigación.

Además del procesamiento, el magistrado dispuso un embargo de 100 millones de pesos sobre los bienes del imputado y le impuso diversas restricciones para garantizar su sujeción al proceso.

Según consigna el Ministerio Público en su portal informativo www.fiscales.gob.ar, la investigación se originó a partir de la denuncia de un funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien aseguró haber sido contactado por el abogado en marzo de 2023.

Según su relato, durante una reunión mantenida en un bar de San Miguel de Tucumán, el letrado le habría pedido 100.000 dólares para gestionar el sobreseimiento de su hijo, investigado en una causa por presuntas operaciones financieras no autorizadas.

De acuerdo con la acusación, el abogado sostuvo que tenía llegada a un integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y utilizó como argumento que su pareja trabajaba como relatora en una de las vocalías del tribunal.

Dos años más tarde, en abril de 2025, el contacto se reanudó a través de mensajes de WhatsApp. La fiscalía sostuvo que el imputado volvió a reunirse con el denunciante y le habría reclamado esta vez 80.000 dólares para evitar una posible prisión preventiva contra su hijo. Según la investigación, afirmó que el expediente se encontraba en análisis dentro de la vocalía del magistrado con el que decía tener una relación cercana.

Durante la pesquisa, la fiscalía coordinó distintos peritajes tecnológicos junto con especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) y fuerzas de seguridad.

Uno de los elementos centrales fue una fotografía hallada en el teléfono del acusado. El peritaje permitió establecer que había sido tomada en el mismo bar y en el horario en que, según la denuncia, se desarrolló la primera reunión.

A ello se sumaron informes de geolocalización que ubicaron el celular del imputado en los lugares y horarios señalados por el denunciante. También se detectaron coincidencias entre las líneas telefónicas de ambos durante los encuentros investigados.

Otro dato relevante surgió del análisis de registros fílmicos y de movimientos vehiculares. Los investigadores determinaron que el acusado concurrió a una de las reuniones en un auto oficial asignado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una vocalía de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Además, en su teléfono se encontraron anotaciones vinculadas al funcionamiento interno del Poder Judicial, entre ellas, referencias a claves de acceso, listados de cargos vacantes y documentación relacionada con expedientes judiciales. También fue hallada una captura de pantalla de una resolución dictada en la causa que involucraba al hijo del denunciante.

La situación del abogado se agravó durante un procedimiento realizado el 4 de junio de 2025. Según la resolución judicial, cuando los investigadores se disponían a secuestrar su teléfono celular, intentó entregárselo rápidamente a un familiar.

Pocos minutos después, los peritos detectaron que las aplicaciones WhatsApp y Telegram habían sido desinstaladas del dispositivo. Para el juez, esa conducta constituyó un intento deliberado de eliminar evidencia y dificultar la investigación, motivo por el cual también lo procesó por el delito de violación de medios de prueba.

Al resolver la situación procesal del acusado, Díaz Vélez recordó que el delito de tráfico de influencias se configura cuando una persona solicita dinero para hacer valer, de manera indebida, una influencia real o supuesta sobre un funcionario público, y descartó el planteo de la defensa, enfocado en afirmar que se trataba de una maniobra destinada a perjudicar a la pareja del acusado.