La vicepresidenta Victoria Villarruel dejó sin respuesta el pedido de sesión especial para este jueves formulado por el kirchnerismo y postergará, al menos por una semana, la posibilidad de que el Senado pueda tratar el rechazo de los pliegos que nominan a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema como forma de represalia a la decisión de Javier MIlei de nombrar por decreto “en comisión” a ambos candidatos.

La apuesta de Villarrruel, que cuenta con el aval de los jefes de bloque de la oposición dialoguista, es mantener cerrado el recinto de la Cámara alta hasta la primera semana de abril, ya que la semana próxima tendrá dos bajas por viaje en las bancadas aliadas y dispuestas a apoyar al Gobierno en su pulseada con el Senado por las designaciones en el máximo tribunal.

La vicepresidenta tampoco le dio curso al reclamo de sesión especial formulado por el bloque de La Libertad Avanza, que pretendía discutir este jueves los proyectos de Ficha Limpia y de declaración de emergencia en Bahía Blanca y la zona afectadas por las inundaciones. La propuesta fue impulsada por el oficialismo para tratar de bloquear la ofensiva del kirchnerismo contra Lijo y García-Mansilla.

Además de alinearse con la Casa Rosada, que busca por todos los medios evitar el cachetazo político que implicaría el rechazo de los candidatos que nominó para la Corte, la decisión de mantener cerrado el recinto se explica en la endeble situación numérica que atraviesa el Gobierno en el Senado, producto del malestar de algunos legisladores con las políticas de la Casa Rosada y del desgaste de la relación con la vicepresidenta y presidenta de la Cámara alta.

De hecho, Villarruel no pudo reunir quorum para habilitar la sesión preparatoria del pasado 24 de febrero con la intención de ratificar las autoridades elegidas el año pasado y reemplazar a la renunciante secretaria Administrativa, María Laura Izzo, por el empresario cordobés Emilio Viramonte, quien ocupó el casillero de asesor político que quedó vacío tras la salida del diputado Guillermo Montenegro del entorno de la vicepresidenta.

Esa falta de número también conspiró para que se pudiera concretar la sesión especial pedida por el oficialismo. Para sancionar el proyecto de ley de Ficha Limpia se requiere el apoyo de la mitad más uno del total de los miembros del Senado (37 votos), una cifra que la iniciativa no tiene asegurados.

La decisión de dejar sin respuestas los pedidos de sesión especial y de postergar hasta abril cualquier posibilidad de abrir el recinto del Senado fue adoptada por Villarruel en consulta con los jefes de los bloques dialoguistas en una serie de contactos mantenidos en la últimas 48 horas en los que analizaron los diferentes escenarios políticos que afrontaría el Gobierno en el caso de que los pliegos de Lijo y García-Mansilla fueran sometidos a una votación.

Sin un acuerdo político del Gobierno con otras fuerzas políticas a la vista, ambos candidatos corren serio riesgo de ser rechazados en el caso de que sus postulaciones sean expuestas al escrutinio del recinto de la Cámara alta. Tal como los establece la. Constitución Nacional, para convertirse en jueces de la Corte se necesita el apoyo de los dos tercios de los presentes.

Hasta el momento, ninguno de los dos postulantes alcanzaría esa mayoría agravada. El más complicado es García-Mansilla, que ya juró como juez de la Corte y que siempre contó con el rechazo de la gran mayoría de la bancada de Unión por la Patria por su perfil conservador.

El caso de Lijo es más complejo, aunque por el momento tampoco tendría los apoyos necesarios para llegar al máximo tribunal. Desde el kirchnerismo aseguran que cuentan con más de 20 votos dispuestos a rechazar su pliego por haber aceptado ser designado en la Corte por decreto. Si se suman la decena de legisladores de otros bloques que ya han manifestado su oposición a darle su voto, el juez federal tendría cerrada la puerta de entrada al tribunal de manera definitiva.