La fiscal Paloma Ochoa firmó un requerimiento en el que pidió que se investigue si se cometió algún delito durante el trasbordo en el país del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro. Esa solicitud está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien determinará si lo impulsa y, en caso de que lo haga, podrá definir qué medidas de prueba realizar.

Capuchetti ya realizó unos primeros movimientos en la investigación la semana pasada, cuando el caso estalló. Pidió al Gobierno que informe si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar a la Argentina y mandó a preservar las filmaciones del puente internacional entre ambos países, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

La trama del trasbordo de Bolsonaro en la Argentina habría involucrado al asesor presidencial Santiago Caputo. Unas dos horas y media después del despegue del avión, a las 2:50, la policía de Misiones paró en la ruta 12 una caravana que venía de Puerto Iguazú. Según el acta de la Unidad Regional IV, en una Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba el asesor presidencial Caputo. Se identificó como “consultor político” y asesor de Milei, y pidió que no lo demoraran para no retrasar su regreso.

Delante iba una Ford Ranger que manejaba Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y amigo de Caputo. Consultado por LA NACION, Caputo negó haber estado en ese control: “De ninguna manera, no sé de qué estás hablando”. Cuando le preguntaron por detalles del operativo, respondió: “Misterio”.

Tal como informó LA NACION, la jueza Capuchetti ordenó las primeras medidas de prueba la semana pasada a pedido de la fiscal Ochoa, que solicitó diez medidas de prueba como parte de una investigación preliminar, antes de la decisión que tomó este miércoles al presentar el requerimiento de instrucción. Después de eso, resta saber cuál es el delito puntual que la fiscalía busca investigar y quiénes serían los investigados.

Ochoa había pedido imágenes del puente Tancredo Neves y del aeropuerto de Iguazú desde donde la familia Bolsonaro partió a Estados Unidos, además del plan de vuelo y la lista de pasajeros y el personal de Migraciones que intervinieron en esta trama.

La causa empezó con una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y funcionarios de su gobierno. Los acusa de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. El diputado Esteban Paulon también realizó otra denuncia relacionada. Ambas ingresaron al juzgado de Capuchetti.

Mientras la investigación del caso Bolsonaro comenzó a moverse en Comodoro Py, en Misiones se dirigió a la inversa. Precisamente, el fiscal federal de esa provincia, Fabián Martínez, pidió desestimar la denuncia para que se investigue si hubo delito en el ingreso al país de Bolsonaro. Lo hizo luego de recibir informes que le señalaron que no existió ningún impedimento para que el excandidato presidencial brasileño ingresara a la Argentina y viajara a Estados Unidos, según informaron fuentes judiciales.

La decisión del fiscal Martínez será analizada por un fiscal de revisión. Se trata del expediente que inició a raíz de la denuncia de la diputada Marcela Pagano.

Según Migraciones, Bolsonaro entró a la Argentina a las 22:50 del 27 de octubre por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. Menos de dos horas después, a las 0:21 del 28, despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú un Gulfstream de la empresa Baires Fly.

Funcionarios de la Casa Rosada dijeron que se cumplieron todos los pasos legales. En paralelo, nadie esbozó comentarios sobre una posible participación del asesor Caputo.