MAR DEL PLATA.− Dos jueces del fuero Civil y Comercial del departamento judicial Tandil afrontarán un jurado de enjuiciamiento a partir de denuncias que los vinculan con intervenciones irregulares en el manejo de reclamos por tierras en ese distrito, en particular una parcela que involucra unos 250 lotes próximos al cotizado cerro El Centinela.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires habilitó el reclamo y avanzó con el sorteo del tribunal que deberá escucharles su descargo, definir si incurrieron en delito y en ese caso determinar su continuidad en los cargos que actualmente ocupan y ejercen, ya que no han sido suspendidos en sus funciones.

Los apuntados son José Martin Zárate, que está al frente del Juzgado Civil y Comercial N° 1, y Francisco Augusto Blanc, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 2, en ambos casos del departamento judicial Tandil, donde al mismo tiempo ofician y alternan como subrogantes en el Juzgado Civil y Comercial N° 3, que no tiene titular designado.

Están acusados de incompetencia o negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone, graves irregularidades en los procedimientos a su cargo y parcialidad manifiesta.

Los denunciantes y quienes hicieron el pedido de jury para ambos magistrados son Juan Pedro Burs y Jorge Heters, que en esa presentación alegan que estos jueces inician juicios sin pruebas y no cargan información en la Mesa de Entradas Virtual, representan a personas vulnerables y analfabetas, aprueban testamentos sin pericias caligráficas, desestiman pronto la prueba que presentan los demandados, destruyen pruebas, cierran pronto la etapa probatoria acelerando el proceso hacia la sentencia, se apropian de bienes de manera indebida y se imponen costas excesivas al demandado.

Argumentan que los jueces han avanzado en sus intervenciones sobre expedientes con maniobras “fraudulentas y extorsivas” que están dispuestos a probar ante el tribunal de enjuiciamiento que se acaba de conformar.

Del sorteo realizado surgió que acompañarán a Hilda Kogan, miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Guillermo Ernesto Sagues, del departamento judicial San Isidro; Jorge Omar Frega, del departamento judicial Morón; María Margarita Di Santi y Eduardo Fortunato Dinatolo, ambos del departamento judicial Mercedes, y Laura González, del departamento judicial Quilmes. Se completa el tribunal con los legisladores Avelino Zurro, Germán Di Césare, Sofía Vannelli, Abigail Gómez y Juan Manuel Rico Zini.

La investigación del desempeño de ambos jueces lleva varios años y a comienzos de abril último, con intervención de la fiscalía a cargo de José Ignacio Calonge, se habían dispuesto allanamientos sobre oficinas judiciales y domicilios de particulares también involucrados, entre ellos el empresario local Luis Cerone y estudios jurídicos. Se secuestró documentación y en algún caso también armas de fuego, según trascendió oportunamente de fuentes del caso.

Cerone habría tenido algún interés en quedarse con estas tierras del sector conocido como El Centinela, próximas a la Cantera Montecristo. Sobre esos lotes buscan que se respeten derechos los herederos de Ángel María Valente Noailles, que son los denunciantes en esta causa y quienes reclamaron y lograron el jury a ambos magistrados.

En la denuncia ingresada ante la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del sistema judicial bonaerense se hace referencia a un modus operandi de ambos jueces que implicaría la creación de expedientes civiles con acciones de interdictos de recobrar o con acciones posesorias.

“Se utilizan personas indigentes y sin conocimiento legal quienes, de manera singular, reconocen no ser propietarias del inmueble”, dice los denunciantes y advierten que “el objetivo es simular una legitimidad que de otro modo sería inalcanzable por vías legales”. “Eligen causantes que no tenían herederos, que no residían en Tandil y que fallecieron fuera del país y otros con problemas en su comprensión y libre voluntad (alzheimer)”, expusieron.

Burs y Heters llegan a esta instancia en representación de Ángel María Valiente Noailles, en el marco de un proceso de sucesión. Hay una disputa sobre la propiedad de estas tierras, en total 243 lotes. Argumentan que hay un “accionar coordinado” entre ambos jueces.

En diálogo con LA NACION, Heter explicó que Zárate apela a la “manipulación activa y fraudulenta de procesos judiciales civiles”, impone medidas “sin fundamento y con el solo fin de presionar y extorsionar” y apela a “negociaciones ilegales”. Cita el caso de una reunión, en un hotel, donde el magistrado habría ofrecido “plata de su bolsillo” para “resolver la causa”. Se habla de 50.000 dólares en un audio de esa conversación que ofrecen como prueba y al que accedió LA NACION.

“Efectuamos tres denuncias penales donde se le atribuye al juez ser el orquestador principal de esta trama fraudulenta, integrando una ‘asociación ilícita’ junto con letrados y otros involucrados”, remarcan en el pedido de jurado de enjuiciamiento.

A Blanc lo apuntan por “complicidad, el encubrimiento de irregularidades previas, la continuación de acciones fraudulentas y el armado de expedientes, utilizando su posición para validar procesos viciados y favorecer intereses específicos”.