En febrero último, se desató en la provincia de Mendoza una disputa política por la elección de convencionales para redactar la carta orgánica municipal en el departamento San Rafael. El gobierno de la provincia logró que la Corte provincial suspendiera la entrega de los diplomas a los convencionales electos y, de esa manera, suspender la constitución de la Convención.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció que la cuestión de la autonomía municipal será objeto de una reforma constitucional para adaptarla a lo dispuesto en la reforma de la Constitución Nacional en lo referente a las autonomías municipales. La Constitución de Mendoza, en el artículo 223, establece: “La necesidad de enmienda o de reforma de un solo artículo de esta Constitución, podrá ser declarada por la legislatura en dos sesiones ordinarias consecutivas, por mayoría de dos tercios de votos de los miembros de cada Cámara”. Esta reforma de un solo artículo es sometida posteriormente a una consulta popular.

Los argumentos de las autoridades municipales sanrafaelinas sostenían que, ante una mora de 32 años, habían resuelto que los ciudadanos del departamento, a través de sus representantes, redactaran la carta orgánica municipal.

La Constitución Nacional reformada en 1994 dispone en su artículo 123 que “cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5°, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.

Debe aclararse que la Constitución de la provincia de Mendoza, en sus artículos que van desde el 197 al 210, reconoce el régimen municipal, la ley orgánica de municipalidades, sus atribuciones, sistemas de elección y financiamiento. Es decir que existe la autonomía municipal en Mendoza.

En realidad, los habitantes de los municipios mendocinos no cambiaran su calidad de vida por estos asuntos que interesan solamente a las disputas menores de las dirigencias partidarias y el juego de oficialismo y oposición.

En vez de distraerse en estas cuestiones menores sería conveniente que se ocuparan de afrontar la remoción de los obstáculos al desarrollo económico que soporta la provincia.

Mendoza afronta problemas más urgentes que una carta municipal, como la crisis vitivinícola que afecta a miles de productores y trabajadores, una economía estancaba por demoras en cuestiones vinculadas a la producción, tales como las largas demoras en el proyecto de potasio Río Colorado; el destino de Penitentes, el centro de esquí estatizado por el gobierno provincial, y cuestiones ligadas a la calidad institucional dada la propensión del gobernador de colocar en los órganos de control a personajes oscuros sin actitud para ejercer la independencia necesaria en sus funciones.

Mendoza debe recuperara esa épica que reconoció San Martín cuando la eligió como el basamento para formar el ejército libertador de los Andes y que admiraba Sarmiento cuando decía que “Mendoza, si se lo propone, puede ser la Barcelona de Cuyo”, impactado por el contraste entre esa ciudad de España y las otras de ese Estado, y reconociendo el empuje de los mendocinos. Para eso debe abocarse a los temas esenciales que permitan iniciar otro ciclo de crecimiento y desarrollo como lo fue el provocado por la llegada del ferrocarril en la primera presidencia de Roca.