La atomización de la estructura de producción primaria contrasta con lo que ocurre en el sector exportador de nuestras commodities agrícolas, donde las primeras cinco empresas concentran (dato de 2023) cerca del 60% del total exportado. La pregunta de rigor entonces es: ¿la estructura del sector exportador contribuye a una transmisión eficiente de precios del mercado internacional al local? O, en otros términos: ¿existen brechas o rentas, capturadas por el sector exportador, a costa del productor?

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Estas preguntas siempre fueron importantes. Sin embargo, cobran especial actualidad en momentos como los actuales, cuando una medida de gobierno resultó en la eliminación “relámpago” de Derechos de Exportación (DEX), eliminación que se revirtió a los tres días de ser anunciada y que permite a los alcanzados por ella exportar productos libres de DEX, pero a la vez adquirir estos productos en un mercado donde los DEX han sido reimpuestos.

La historia del comercio exterior argentino es turbulenta. Hasta la primera mitad de la década de 1950 existía monopolio estatal. En la década de 1970 la Junta Nacional de Granos (JNG) intervino fuertemente en el comercio exterior. Ambas experiencias fueron muy negativas. La liberalización ocurrida a partir de 1990 permitió en ingreso de nuevos actores. Y esta es la situación actual que, por lo pronto, es incomparablemente mejor que la que existiría si el Estado decidiera nuevamente intervenir a través de una “nueva JNG”.

Bajo condiciones competitivas, el precio interno debería converger al llamado “FAS Teórico”, que se obtiene restándole al precio internacional (FOB) los derechos de exportación y los gastos asociados para poner el grano a bordo de un buque. La necesidad de contar con permisos para exportar (los “ROE”), factores aleatorios o eventualmente poder de mercado pueden abrir una cuña entre FAS Teórico y precio interno.

¿Hasta dónde la actual estructura de mercado del sector exportador permite colusión, con resultante poder de mercado y captura de rentas? El llamado “Indice Hirschmann-Herfindahl” (IHH) aporta algunas pistas. Para el caso de los primeros 12 exportadores de productos agrícolas (datos de 2023), el IHH toma un valor menor a 1000, o sea por debajo de los 1500 límite a partir del cual se diagnostica cierto “poder de mercado”, y muy inferior a un IHH de 2500, que caracteriza a las industrias con fuerte concentración. A primera vista, entonces, parecería que el sector exportador se caracteriza por un razonable grado de competencia.

El mercado exportador argentino tiene otra particularidad. La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) si bien con menor volumen de operaciones que líderes como Cargill, Viterra o ADM, canaliza a través de sus operaciones un volumen no menor, rankeando entre los primeros diez exportadores argentinos de commodities agrícolas. Las cooperativas, como es sabido, no generan ganancias, sino que por estatuto deben ceder todos los excedentes a sus asociados. Tienen además ventajas impositivas sobre las empresas convencionales. Márgenes de comercialización que en una empresa convencional son canalizados a accionistas, en una cooperativa van a los asociados.

Dadas estas características: ¿por qué ACA no crece en participación de mercado, capturando y luego redistribuyendo las (hipotéticas) rentas resultantes? En efecto, si el resto de las empresas tiene efectivo poder de mercado, sería dable esperar que –razonable management mediante– la forma cooperativa debería mostrar un vigoroso crecimiento. Pero no es el caso. Esto sugiere que: (i) las rentas puras existentes a capturar son reducidas o (ii) la gestión cooperativa opera con mayores costos que los de sus competidores.

La “eliminación relámpago” de retenciones y posterior reimplantación ocurrida días pasados amerita un análisis adicional. Por de pronto, el grado de concentración según Declaraciones Juradas de Exportación (DJVE) de las empresas que aprovecharon la eliminación de DEX es considerablemente superior al que resulta de exportaciones anuales. Así, mientras que los primeros cuatro exportadores representaron algo menos del 60% del total exportado (en 2023), pero las primeras cuatro empresas según DJVE capturaron un total de 73%o de los permisos de exportación con DEX = 0. Con respecto a la empresa cooperativa, que podría haber canalizado las rentas resultantes de ausencia de DEX a sus asociados, surge la pregunta sobre la razón por la cual su participación en estas DJVE fue de solo 2% del total, lo cual contrasta con una participación en exportaciones de algo más del doble de esta cifra.

Por último: ¿el proceso por el cual el Gobierno accedió al “adelanto” de los US$ 7000 millones fue el de mínimo costo? ¿Qué razón impedía, por ejemplo, licitar los DJVE en lugar de repartirlas en bloque al que “llega primero”? En principio, es de esperar de una licitación competitiva un costo (tasa de interés) más cercano al real costo de los aportantes de fondos.

El autor integra el departamento de Economía Agrícola de la Universidad del Cema (Ucema) y es miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria