Hay una forma simple de leer los datos sobre democracia en América Latina: ver que las mayorías la prefieren y concluir que el sistema está bien. Hay una forma más completa: ver qué pasa por debajo de ese número y preguntarse cuánto aguanta.

Encuestas nacionales realizadas por QSocial en siete países de la región -Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana- buscaron medir tres aspectos: cuánto apoyan la democracia, cuán satisfechos están con su funcionamiento y cuánta tolerancia o aceptación tienen hacia gobiernos autoritarios. La lectura combinada de los tres indicadores cuenta una historia más compleja y preocupante que cualquiera de ellos por separado.

El apoyo principista existe, pero no es uniforme. La mayoría de los encuestados en todos los países sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Pero los niveles varían de manera significativa. Brasil, Argentina y México lideran el apoyo con cifras cercanas o superiores al 75%. Colombia y Panamá están en torno al 64% y 62% respectivamente. Perú también alcanza el 62%. El número más bajo lo registra República Dominicana, con apenas el 54%.

No son diferencias menores: representan brechas reales en la convicción democrática de cada sociedad. Y vale prestar atención no solo a quiénes dicen preferir la democracia, sino a los otros dos grupos: entre el 10% y el 19% de los encuestados según el país considera que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible, y entre el 3% y el 22% declara directamente que le da lo mismo un régimen que otro.

Ese último número -la indiferencia- es quizás el más inquietante. La indiferencia no es rechazo activo a la democracia, pero tampoco es un dique de contención frente a quien quiera erosionarla.

El problema: nadie está satisfecho con cómo funciona. Aquí está el nudo del asunto. Cuando se pregunta no por el valor abstracto de la democracia sino por la satisfacción con su funcionamiento concreto, el cuadro cambia radicalmente.

México aparece como el país con mayor satisfacción relativa, con un 42% de ciudadanos conformes, y aun así, más de la mitad está insatisfecho. Argentina llega al 38%. República Dominicana al 36%. Ya en Colombia la satisfacción cae al 25%, en Brasil al 27%. Y en los casos más extremos, Panamá registra apenas un 16% de satisfacción -con un 84% de insatisfacción- y Perú exactamente lo mismo: 16% satisfecho, 79% insatisfecho.

Dicho de otra manera: en la mayoría de los países de la región, entre el 57% y el 84% de la población está insatisfecha con cómo funciona la democracia en la práctica. No con el concepto. Con la realidad cotidiana de lo que esa democracia produce o deja de producir.

Esa es la grieta. No entre quienes apoyan y quienes rechazan la democracia como sistema, sino entre la adhesión al ideal y la decepción con la experiencia concreta. Y esa grieta tiene consecuencias.

Un tercio toleraría un gobierno autoritario

Cuando se pregunta directamente si en algunas circunstancias podría estar justificado un gobierno autoritario, los resultados son llamativos.

En todos los países, la mayoría rechaza esa posibilidad. Pero esa mayoría es más estrecha de lo que el apoyo genérico a la democracia sugeriría. Colombia llega al 41% que admitiría un gobierno autoritario bajo ciertas condiciones. Perú al 36%, República Dominicana al 36%, México al 34%, Panamá al 30%. Argentina y Brasil son los más bajos, con 26% y 25% respectivamente.

En promedio regional, alrededor de un tercio de los encuestados estaría abierto a esa posibilidad. No es una minoría marginal. Es un segmento lo suficientemente grande como para que cualquier actor político con esas características pueda construir una base electoral relevante.

La democracia condicional

Lo que estos tres datos juntos revelan es una democracia que tiene apoyo principista pero respaldo funcional frágil. La gente la prefiere en abstracto, pero la evalúa -y la condiciona- por sus resultados.

La conclusión más directa es incómoda: el apoyo a la democracia en América Latina no es incondicional. Es, en buena medida, instrumental. Si funciona, si resuelve problemas, si mejora la vida de la gente, la apoyan. Si no funciona, una proporción significativa está abierta a otras opciones. Se trata de una lógica en sociedades que han visto a las instituciones democráticas ser incapaces de resolver desempleo, inseguridad, inflación o corrupción durante décadas.

El riesgo no está en que la gente rechace la democracia de manera explícita. Está en algo más sutil y por eso más difícil de contrarrestar: la disposición a aceptar líderes que, bajo el argumento de la eficacia y la resolución de problemas, vayan corroyendo las normas y las instituciones de manera gradual. El autoritarismo raramente se presenta como tal. Se presenta como una solución. Y en un contexto de alta insatisfacción y baja confianza institucional, esa narrativa encuentra terreno fértil.

Perú y Panamá, con niveles de satisfacción democrática que apenas superan el 16%, son casos que merecen atención especial. Pero la tendencia es regional: la mayoría de las sociedades latinoamericanas tienen una brecha profunda entre lo que esperan de la democracia y lo que perciben que reciben de ella. Esa brecha no se cierra con discursos sobre el valor de las instituciones. Se cierra -o no se cierra- según lo que esas instituciones efectivamente sean capaces de hacer.

Mientras tanto, el espacio para que aparezcan actores que ofrezcan atajos permanece abierto. Y los datos sugieren que, en muchos países de la región, ese espacio es considerablemente más grande de lo que el número de cabecera -“la mayoría apoya la democracia”- haría suponer.

Director de opinión pública de QSocial