La organización Human Rights Watch (HRW) publicó un extenso informe en el cual revela condiciones alarmantes en centros de detención de inmigrantes administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Florida. Desde enero de 2025, se ha registrado un aumento notable en el número de personas detenidas, lo cual ha sobrepasado la capacidad y ha derivado en situaciones que comprometen la dignidad humana.

Condiciones insalubres y violaciones a los derechos humanos en los centros de detención del ICE

El reporte, que se basa en entrevistas con exdetenidos, abogados y familiares, además de una revisión documental exhaustiva, se enfoca en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North en Miami, el Centro de Transición de Broward en Pompano Beach y el Centro de Detención Federal en Miami.

HRW señala que las condiciones físicas dentro de las instalaciones no cumplen con estándares mínimos de higiene, salud o seguridad. Las personas detenidas enfrentan temperaturas extremadamente frías, falta de ropa de cama y hacinamiento severo.

“Solo había un inodoro, y estaba cubierto de heces”, dijo una mujer confinada en el Centro Krome a HRW. “Les rogamos a los agentes que nos dejaran limpiarlo, pero simplemente dijeron con sarcasmo: ‘El personal de limpieza vendrá pronto’. Nadie vino nunca”, recordó.

En algunas celdas diseñadas para 66 personas llegaron a convivir hasta 155, según el estudio, por lo que varias personas debieron dormir en el suelo o en bancos metálicos sin colchones. En ciertos casos, los recién llegados permanecieron retenidos en autobuses estacionados durante más de 24 horas, sin acceso a baños adecuados ni alimentos. Los testimonios mencionan que algunos se vieron obligados a defecar dentro de los vehículos, debido al tiempo prolongado sin ingreso a las instalaciones.

Otra situación específica relatada por los entrevistados expone que algunos detenidos fueron forzados a consumir sus alimentos mientras estaban esposados y en el suelo. “Tuvimos que agacharnos y comer de las sillas con la boca, como perros”, dijo un hombre, según retoma el informe.

Atención médica y salud mental: fallas sistemáticas en la custodia de ICE

Uno de los aspectos más graves destacados en el reporte es la negación o demora del acceso a servicios médicos, incluso en situaciones críticas. Se registraron casos, según se detalla, de personas con enfermedades crónicas sin acceso a los medicamentos necesarios, y mujeres a las que se les negó tratamiento específico bajo el argumento de que “el centro no estaba habilitado para atender sus condiciones”.

También se evidenció que las solicitudes de apoyo psicológico derivaban con frecuencia en confinamiento solitario, usado como forma de castigo. Esto ha generado miedo entre los confinados a solicitar ayuda en temas de salud mental.

“Si pides ayuda, te aíslan. Si lloras, pueden llevarte dos semanas. Así que la gente guarda silencio”, aseguró una mujer a HRW. En algunos casos, estas deficiencias médicas han resultado fatales.

Desde enero de 2025, al menos dos muertes han sido vinculadas a negligencia dentro de los centros de detención en Florida. Las organizaciones responsables del informe señalan que no se trata de incidentes aislados, sino de una práctica sistemática que requiere intervención inmediata.

El crecimiento de la población detenida agrava las condiciones en los centros

La situación descrita en el estudio coincide con un aumento drástico en la población migrante detenida en Estados Unidos. Según los datos analizados, el promedio diario de personas en custodia de ICE aumentó de 37.500 en 2024 a más de 56.000 en junio de 2025. En Florida, el incremento ha sido aún más pronunciado: en algunos lugares, como Krome, el número de personas llegó a triplicar su capacidad operativa.

Las cifras también mostraron que gran parte de los inmigrantes arrestados no posee antecedentes penales. En junio de 2025, dos de cada tres personas en Krome no enfrentaban cargos ni tenían historial criminal. Esto coincide con el endurecimiento de la política migratoria desde el inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump, marcado por la implementación de la Orden Ejecutiva 14159 y nuevas leyes como la Laken Riley Act.

El nuevo marco legal establece la detención obligatoria de inmigrantes involucrados en una amplia gama de infracciones, incluso menores. Además, la eliminación de protecciones anteriores, como el memorándum sobre ubicaciones sensibles, ha facilitado arrestos en hospitales, escuelas y lugares de culto, lo que aumentó el temor en las comunidades.

Impacto de las políticas federales y estatales en la situación de los detenidos

Las medidas adoptadas a nivel federal han sido replicadas y reforzadas por políticas estatales en Florida. Una de las herramientas más relevantes es el programa 287(g), que permite la colaboración entre agencias policiales locales y el ICE. A partir de febrero de 2025, más del 80% de los acuerdos activos en el Estado del Sol se firmaron, lo que amplió la red de vigilancia y de arrestos.

Otras disposiciones estatales, como la Ley SB 1718, obligan a los hospitales a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio. Aunque no se impongan sanciones por no responder, la medida ha generado un efecto disuasorio.

Recomendaciones para reformar el sistema de detención migratoria

Las organizaciones presentaron propuestas exhaustivas dirigidas a múltiples niveles gubernamentales:

Para el Poder Ejecutivo e ICE:

Adoptar alternativas humanas a la reclusión mediante programas comunitarios de gestión de casos.Limitar el arresto como medida de último recurso y por la menor duración posible.Evitar la detención de solicitantes de asilo y personas con discapacidades.Restaurar las directrices sobre “ubicaciones sensibles” y codificarlas en regulaciones.Prohibir el uso del confinamiento solitario.Mantener organismos de supervisión independientes para monitorear condiciones.

Para el Congreso:

Derogar las secciones que exigen arrestos obligatorios de inmigrantes.Reducir los fondos asignados para detención y oponerse a expansiones de capacidad.Establecer comités especiales para investigar muertes bajo custodia de ICE.Aprobar legislación que exija atención médica oportuna y adecuada.Asegurar supervisión significativa y retener fondos por incumplimientos.

Para gobiernos estatales y locales de Florida:

Terminar los acuerdos 287(g) debido a sus efectos perjudiciales.Aumentar la capacidad de supervisión sobre prisiones subcontratadas.Rechazar contratos con ICE para expandir la capacidad de detención.Promulgar reformas que permitan supervisión estatal de condiciones de confinamiento.

Para contratistas privados:

Garantizar cumplimiento con estándares internacionales y Reglas Mandela.Promulgar políticas alineadas con derechos humanos internacionales.Capacitar al personal sobre procedimientos apropiados.

El informe concluye con una demanda de un cambio fundamental hacia un sistema migratorio más humano, transparente y responsable, donde la detención sea excepcional y se respeten los derechos fundamentales y la dignidad de todas las personas privadas de libertad. Las condiciones documentadas en Florida representan una crisis humanitaria que, según se detalla, requiere intervención inmediata y reformas estructurales profundas.