Hasta su detención, hace 16 días, Luis Salomón, de 45 años, conducía un transporte que trasladaba, desde Zárate, a alumnos de la Universidad del Salvador (USAL) y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Ahora está procesado con prisión preventiva por el delito de intimidación pública. Para la Justicia fue quien amenazó con hacer explotar las sedes de Pilar de la USAL, UCES y de la Universidad Austral y del Colegio Verbo Divino y del Hospital Austral.

“Se tiene por acreditado, con los alcances exigidos en esta etapa, que Salomón realizó llamadas intimidatorias por medio de la línea de emergencias 911, los días 1°, 11, 14 y 28 de agosto pasados y el 8 de este septiembre del año 2025 y en una ocasión más, el 17 de junio último, haber dejado una nota intimidatoria en el baño de la USAL. En las diferentes circunstancias, manifestó que había explosivos colocados tanto en dicha institución, como en la UCES, en el colegio Verbo Divino, en el Hospital Austral de Pilar y en la Universidad Austral de dicha ciudad. Se destacó que tanto en la nota, como así también en gran parte de las llamadas hechas por el imputado, hacía referencia a que su accionar era por ‘culpa del gobierno que tenemos en nuestro país’“, sostuvo el juez federal de Campana, Adrián González Charvay al fundamentar el procesamiento del imputado.

Él dijo ser inocente. Y, cuando fue indagado, dio una insólita excusa. Sostuvo que le había prestado su teléfono celular a algunos de los alumnos que llevaba a las universidades.

Dijo que “los chicos” a los que transportaba “le habían pedido su teléfono en cuatro o cinco ocasiones, para comunicarse con los padres debido a que tenían parciales, pero que luego de efectuar la comunicación, borraban la llamada del historial del teléfono, desconociendo a quienes finalmente llamaban, alegando que no sabe mucho de tecnología y que le devolvían el teléfono sin el registro de llamadas”.

Sobre la nota intimidatoria explicó que la encontró en el baño y se la entregó al personal de seguridad de la universidad. “Después reflexionó acerca del porqué él dejaría una amenaza de bomba, siendo que él trabaja allí, arriesgándose a perder el trabajo”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

También, al escuchar las llamadas intimidatorias hechas al número de emergencias 911, afirmó que no era su voz la que profería las amenazas. Y, además, dijo que no tenía nada contra “el gobierno actual ni del anterior, y que él se ocupaba de trabajar para mantener a su familia”.

Fueron seis las amenazas de bomba. La primera sucedió el 17 de junio pasado cuando dejaron una nota intimidatoria en uno de los baños de la sede Pilar de la Usal. Las cinco intimidaciones restantes se hicieron por medio de llamadas al número de emergencias 911, las dos últimas ocurrieron el 8 de este mes.

Según el expediente judicial, el 17 de junio pasado fue Salomón quien alertó a las autoridades de la Usal que había encontrado una nota en uno de los baños donde se anunciaba que durante ese día se "activarían distintos explosivos tanto en dicho establecimiento como en la UCES, responsabilizando por ello al gobierno".

En la citada resolución, el juez González Charbay citó un peritaje hecho por la División Scopometría de la Policía Federal Argentina (PFA) con el resultado de la medida practicada sobre la nota hallada en la USAL donde se afirmó: “Las escrituras obrantes en el material cuestionado se corresponden con el patrimonio gráfico de Salomón, conforme el material indubitado aportado”.

Para el magistrado, “existen indicios unívocos, precisos y concordantes, que demuestran su convergencia objetiva y subjetiva en el delito reprochado” y explicó que “el hecho de que informara la existencia de un aparato explosivo denota que el autor del hecho conoció y se representó la idoneidad del medio elegido para alarmar y pretendió tanto la provocación de la intranquilidad como que esta fuese pública, en el sentido que le llegaría a un número indeterminado de personas”.

En las llamadas amenazantes, Salomón, según el expediente judicial, decía: “Facultad USAL... pabellón uno y dos, 20 y 20.15, va a haber dos explosiones, chau”. Eran las 18.40 del 1° de agosto pasado.

Diez días después, a las 19.45, ocurrió la segunda comunicación: “Hola buenas noches, le hablo de Pilar Facultad USAL y UCES 21 se van detonar tres explosivos”.

El 14 de agosto pasado se repitió la situación. “Le estoy hablando que en la Universidad de Pilar UCES, USAL y Hospital Austral, hoy por culpa de este gobierno, a las 20 se van a detonar tres explosivos”. La llamada se recibió a las 15.42.

A las 19.36 del 28 de agosto se concretó otra amenaza telefónica. “Hola, buenas noches señorita. En 45 minutos más o menos, en la Facultad UCES se van a detonar dos explosivos por culpa de este gobierno”, fueron las palabras elegida en esa oportunidad.

Las últimas apariciones del “amenazante serial” fueron con dos comunicaciones hechas el 8 de este mes, dos días antes de ser detenido. “Le quería comentar que las detonaciones de la UCES la van a encontrar en el cielo raso y en la en el verbo divino, hasta que se vaya el Gobierno, señora”, dijo en una de las llamadas.

González Charvay explicó en el auto de procesamiento que “si bien luego de los procedimientos llevados a cabo, la búsqueda de artefactos explosivos en los respectivos lugares arrojaron resultado negativo, el accionar del autor tuvo aptitud para afectar la tranquilidad pública toda vez que se tuvo que proceder a la evacuación de distintos centros educativos y en una de ellas, del Hospital Austral de Pilar, ocasionado el estado de alarma ante el peligro que la posible existencia del explosivo representó”.

Además de dictar la prisión preventiva, el magistrado dictó un embargo sobre los bienes de Salomón hasta cubrir la suma de 30.000.000 de pesos.